El hundimiento del buque Carlillo reavivó un escándalo que golpea al sector pesquero: sobornos, permisos manipulados, cargas ilegales y un sistema que opera con impunidad desde hace años.
El hundimiento del buque pesquero artesanal Carlillo, registrado a 17 millas del puerto de Rawson, volvió a exponer una trama de irregularidades que atraviesa la pesca de langostino en Chubut. La denuncia pública del armador, Julio César Domínguez, abrió un nuevo capítulo en un conflicto que combina corrupción, descontrol, presiones políticas y riesgos laborales invisibilizados.
La sobrecarga —una práctica extendida y naturalizada— aparece como una de las principales hipótesis del siniestro. Aunque el barco dio “vuelta de campana”, lo que indicaría un mal manejo de cargas iniciales, la discusión no se agota en la maniobra: vuelve a quedar expuesta una cadena de actores que operan en el sector con total impunidad.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, confirmó que el buque tenía antecedentes de sanciones por exceso de carga y que en el viaje siniestrado había un tripulante no declarado ante Prefectura Naval. La cartera adelantó que se presentará ante la Justicia Federal.
“700 cajones, no 580”: la denuncia que destapó el sistema
En declaraciones radiales, Domínguez encendió todas las alarmas:
“Los barcos artesanales están trayendo entre 700 y 750 cajones. No están viniendo con 580”.
La frase no solo contradice la normativa: exhibe una estructura de encubrimiento y omisiones que compromete la sostenibilidad del recurso. El armador fue más allá y pidió una investigación integral:
“Si él dice que mi barco viene con sobrepeso, que investiguen a todos”.
Según su testimonio, el sobrecupo es sistemático, tolerado desde gestiones anteriores y sostenido por una lógica de favores, discrecionalidad y arreglos económicos.
Sobornos y permisos: el negocio paralelo
La acusación más grave involucra presuntos sobornos:
“Me dijeron que si querían traer 700 cajones, tenían que pagar 30 mil dólares”.
El armador aseguró además que para adjudicar el permiso de un barco nuevo hubo que pagar alrededor de 100 mil dólares, revelando un mercado paralelo multimillonario que se mueve en las sombras de la administración pesquera.
Desde 2018, múltiples gestiones provinciales han sido señaladas por avalar este sistema. En el Consejo Federal Pesquero también se cuestionó la “laxitud normativa” y la discrecionalidad en decisiones clave.
VA.CO.PA., nueva ley y viejas maniobras
La derogación de la Ley de Pesca anunciada por el gobernador Ignacio Torres marcó un giro esperado, pero dejó abiertas interrogantes:
No se avanzó en anular los cinco permisos VA.CO.PA., señalados por irregularidades.
La nueva Ley IX-157 crea nueve permisos adicionales para flota amarilla, con un impacto ambiental estimado en 15 mil toneladas más de langostino por año.
El artículo 34.2.4 transforma permisos experimentales en licencias irrestrictas, un beneficio excepcional que favorece a un grupo mínimo de armadores.
Además, se cuestiona que los Derechos Únicos de Extracción capturados en jurisdicción chubutense no tributan como el resto del país, algo que distorsiona la recaudación y el reparto del Fondo Nacional Pesquero.
Un sector que pide justicia y reglas claras
El entramado denunciado no se limita a tecnicismos: afecta directamente la seguridad de los tripulantes, la rentabilidad de las pequeñas embarcaciones y la sustentabilidad del recurso. Sin control, sin igualdad normativa y con un sistema de privilegios instalado, el sector se vuelve terreno fértil para la corrupción.
La Justicia y el Ejecutivo provincial quedan ahora frente a un desafío histórico: limpiar la actividad o repetir los errores de siempre.