La Municipalidad de Gaiman solicitó ante la Justicia que se declare nula la suspensión de juicio a prueba otorgada en la causa por las certificaciones médicas falsas utilizadas para tramitar licencias de conducir.
La audiencia se realizó este miércoles en los tribunales de Trelew y contó con la presencia del intendente Darío James, quien cuestionó el acuerdo judicial que benefició a Diego Soto Payva.
A través de su abogado, el municipio sostuvo que nunca fue convocado como presunta víctima antes de aprobarse la probation y consideró que el caso afecta la “fe pública”, es decir, la confianza en los documentos y trámites oficiales.
Además, Gaiman cuestionó el cambio de calificación del delito y aseguró que no se trata de un hecho único, sino de cientos de maniobras separadas vinculadas a certificados falsos para obtener carnets de conducir.
También criticaron el monto de reparación económica acordado y pidieron que el proceso vuelva a una audiencia preliminar para discutir nuevamente la causa.
Por su parte, el fiscal general Omar Rodríguez rechazó los planteos del municipio y defendió la decisión tomada por el Ministerio Público Fiscal.
Según explicó, la probation fue otorgada porque se cumplían los requisitos legales y remarcó que la Municipalidad de Gaiman no puede considerarse víctima directa en este delito.
El fiscal sostuvo además que no hubo pérdidas económicas para el municipio y recordó que muchas de las personas involucradas igualmente obtuvieron sus licencias a través de la Dirección de Tránsito.
La defensa de Soto Payva también pidió rechazar el planteo del municipio y aseguró que la discusión ya estaba cerrada judicialmente.
Durante la audiencia también habló la directora del geriátrico Pedro Déttori, quien negó cualquier vínculo familiar con el acusado luego de rumores surgidos públicamente.
Finalmente, el juez Fabio Monti indicó que permitió la audiencia para escuchar a todas las partes y adelantó que la próxima semana dará a conocer su resolución definitiva sobre el pedido de nulidad.