En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional ha vuelto a poner sobre la mesa una reforma estructural al régimen de Zona Fría. Se trata del sistema de subsidios que permite a los hogares de regiones con climas adversos acceder a descuentos de entre el 30% y el 50% en sus consumos de gas.
La intención de la Casa Rosada es acotar el alcance del beneficio, revirtiendo la ampliación sancionada en 2021. De concretarse esta medida, el sistema dejaría de cubrir a los más de 4 millones de usuarios actuales para regresar a un modelo similar al original, lo que impactaría de forma directa en el bolsillo de las familias ante la quita de las bonificaciones.
Un esquema bajo la lupa
El régimen de Zona Fría nació en el año 2002 con un criterio netamente geográfico y climático, enfocado en compensar el alto costo de calefacción en la Patagonia, la Puna y sectores de Mendoza. En aquel entonces, el universo de beneficiarios era de aproximadamente 850.000 hogares.
Sin embargo, tras una modificación legislativa en 2021, el mapa de beneficios se extendió a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras zonas templadas, alcanzando a más de la mitad de los consumidores del país. Este financiamiento se realiza mediante un recargo en las facturas que abonan la totalidad de los usuarios del servicio en Argentina.
Los ejes de la reforma
Si el Gobierno logra avanzar con esta reconfiguración del fondo fiduciario, los cambios principales serían:
Recorte geográfico: El beneficio se limitaría exclusivamente a las zonas con temperaturas extremadamente bajas de forma histórica.
Exclusión masiva: Se daría de baja el descuento en la mayoría de los municipios bonaerenses y otras zonas incorporadas recientemente.
Ajuste de subsidios: Se reduciría la cantidad de hogares alcanzados, concentrando el fondo de financiamiento solo en áreas críticas.
Para los usuarios de Chubut y el resto de la región patagónica, la noticia genera un estado de alerta. Si bien la provincia forma parte del núcleo histórico de la Zona Fría, la reconfiguración del sistema y del fondo que lo sustenta abre interrogantes sobre la sostenibilidad y los criterios que se aplicarán para mantener el beneficio en un contexto de fuertes subas en los servicios públicos.