Bajo la bandera de la desregulación, la Casa Rosada alista un proyecto para eliminar los octógonos negros que alertan sobre excesos de sodio, azúcares y grasas. Una medida que prioriza los costos de ‘packaging’ de las corporaciones por encima del derecho a la salud y la información de los consumidores.
En un nuevo capítulo de su cruzada por retirar al Estado de cualquier rol de control y protección ciudadana, el gobierno de Javier Milei se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a derogar la Ley de Etiquetado Frontal (N° 27.642). La iniciativa oficialista busca borrar de un plumazo los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases bajo el argumento de librar una «batalla cultural» contra las regulaciones, una decisión que en la práctica representa una alarmante capitulación ante las históricas presiones de la industria alimenticia.
Tras anotarse un triunfo legislativo con la media sanción de la denominada «Ley Hojarasca» —que barrió con normativas declaradas obsoletas—, las usinas libertarias pretenden ahora encasillar dentro del mismo paquete de «burocracia inútil» a una herramienta de salud pública de vanguardia. La ley actual, sancionada en 2021 tras un extenso debate civil y científico, no es una norma inerte: es el único escudo informativo con el que cuentan los ciudadanos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
El costo empresario por encima de la salud pública
Desde el propio entorno de la Casa Rosada admiten sin tapujos que el principal motor para destruir la normativa responde a las quejas del sector empresarial. El argumento corporativo —asumido por el Ejecutivo como propio— es que la falta de uniformidad de criterios en el Mercosur obliga a las multinacionales a diseñar un embalaje (packaging) diferenciado para exportar a destinos como Uruguay, Brasil o Chile.
Sin embargo, la solución oficialista ante este dilema logístico no es liderar una mesa de diálogo regional para homologar de forma inteligente los criterios sanitarios dentro del bloque comercial. Al contrario: la salida libertaria consiste en nivelar hacia abajo, destruyendo el estándar argentino de protección al consumidor y devolviendo los envases a la época de los diseños coloridos con personajes infantiles engañosos y promesas de regalos que manipulan las decisiones de las infancias.
Eliminar las advertencias sobre cafeína, edulcorantes, azúcares y grasas saturadas es un retroceso institucional que despoja al ciudadano del derecho constitucional a una información clara y veraz.
El Congreso, un escenario de fracturas
La propuesta oficialista promete encender una fuerte resistencia no solo en la oposición dura, sino también en los bloques dialoguistas. Vale recordar que en 2021 la votación fracturó al propio PRO: mientras sectores ligados al libre mercado dogmático rechazaron la norma, otros legisladores optaron por la abstención o el voto afirmativo al reconocer la contundencia de los datos médicos que respaldaban la ley.
Hoy, con el antecedente de un proyecto derogatorio presentado en la misma línea por los diputados Alejandro Bongiovanni (LLA) y Daiana Fernández Molero (PRO), el oficialismo busca unificar los criterios de la derecha parlamentaria. No obstante, el costo político de esta «desregulación» podría ser elevado: transformar los supermercados en góndolas ciegas donde el valor de producción de una corporación cotiza más alto que la salud de la población.