Una multitud acompañó a la familia del niño de 4 años en un desgarrador pedido de justicia. La movilización apuntó contra la desidia estatal y el accionar del Juzgado de Familia tras la muerte del menor bajo la custodia de su madre biológica y su padrastro.
La noche de este martes, las calles céntricas de la ciudad se tiñeron de blanco y dolor. Al cumplirse un mes del fallecimiento de Ángel López, el pequeño de 4 años cuya muerte es investigada como un infanticidio, una columna de vecinos, amigos y familiares se movilizó para exigir que los responsables —tanto materiales como institucionales— rindan cuentas ante la justicia.
Encabezada por Luis López y Lorena Andrade, padre y madre del corazón del niño, la marcha avanzó en un silencio respetuoso que solo se interrumpía por el grito unánime de «¡Justicia por Ángel!». Con velas encendidas y globos blancos, la comunidad manifestó su indignación por un calvario que, aseguran, pudo haberse evitado.
«Nadie lo escuchó»
El sentimiento generalizado entre los asistentes fue de bronca e impotencia. Ángel perdió la vida a causa de severos golpes en la cabeza mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica y su padrastro, una revinculación que había sido ordenada por el Juzgado de Familia.
«Acá no se hace justicia por los niños, la criatura no fue escuchada», sentenció una vecina ante las cámaras. Entre la multitud, las pancartas mostraban la imagen de un Ángel sonriente, una postal que contrastaba cruelmente con el desenlace de su historia. «Lo entregaron como a un animal», añadió con dureza un hombre mayor que participaba de la caminata.
Giro clave en la causa penal
La movilización coincidió con un día trascendental en el ámbito judicial. El abogado Roberto Castillo se constituyó formalmente como querellante en representación de Luis López y anunció una ampliación de las denuncias que alcanza a los estamentos administrativos y técnicos del Estado.
La querella apunta ahora no solo contra los presuntos autores materiales de los golpes, sino también contra los integrantes del Servicio de Protección de Derechos que intervinieron en el caso. Según denunció Castillo, existirían irregularidades graves en los informes presentados ante el expediente de Familia, los cuales presuntamente «no tenían nada que ver con la realidad».
La denuncia penal presentada incluye cargos por:
Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Abandono de persona seguido de muerte.
Falsedad ideológica.
Un sistema bajo la lupa
La comunidad exige saber por qué, pese a las señales de alerta, el sistema que debía proteger a Ángel falló de manera tan drástica. «Es una vergüenza tener a personas que deberían defender a los niños y no están haciendo nada», reclamó otra de las manifestantes.
Mientras la investigación penal avanza para determinar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron como «garantes» de la vida del niño, su familia del corazón y la sociedad civil aseguran que no abandonarán las calles. La marcha de las velas fue un recordatorio de que, a un mes de la tragedia, la herida sigue abierta y la demanda de justicia es más firme que nunca.
Imagen: Diario Crónica