El Caso Ángel volvió a explotar en Comodoro Rivadavia y esta vez con acusaciones que meten ruido fuerte: denuncian penalmente a la licenciada Jennifer Leiva, del Servicio de Protección de Derechos, por informes falsos y abandono de persona seguido de muerte. La presentación judicial pide medidas urgentes y pone bajo la lupa todo su trabajo reciente.
El Caso Ángel sumó un capítulo que no pasa desapercibido. Una denuncia penal formal fue presentada contra Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD), y el tono no es menor: hablan de un presunto accionar negligente que habría terminado en un desenlace fatal.
La presentación lleva la firma del abogado Castillo y apunta directo al corazón del sistema de protección estatal. No es solo una crítica administrativa: es una acusación penal con varios frentes abiertos.
En criollo, no están diciendo “hubo errores”. Están diciendo algo mucho más pesado.
Múltiples delitos
El Caso Ángel ahora gira alrededor de tres ejes judiciales que complican seriamente la situación de la funcionaria denunciada:
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
- Falsedad en informes periciales
- Abandono de persona seguido de muerte
Este último es el cargo más grave y el que eleva la temperatura del caso. Porque ya no se trata solo de papeles mal hechos o decisiones cuestionables, sino de un posible vínculo directo con un resultado fatal.
Y ahí la cosa deja de ser técnica para volverse profundamente sensible.
Medidas urgentes: suspensión y prohibición de salida
El petitorio en el Caso Ángel no se queda en la denuncia. También exige medidas cautelares inmediatas para evitar que la situación se complique aún más.
Entre los pedidos principales aparecen:
- Suspensión preventiva de Jennifer Leiva en su cargo dentro del SPD
- Prohibición de salida del país
- Acumulación de causas vinculadas
La lógica detrás de estas solicitudes es clara: evitar cualquier posible interferencia en la investigación y garantizar que el proceso avance sin maniobras raras.
Porque cuando el caso ya está en el centro de la escena, cualquier movimiento en falso suma más sospechas.
Documentación bajo la lupa en el Caso Ángel
Uno de los puntos más sensibles del Caso Ángel es el pedido de secuestro de documentación. No hablamos de un par de archivos: la solicitud es amplia y apunta a reconstruir todo el trabajo reciente de la profesional.
Se pide el secuestro urgente de su legajo personal y profesional en:
- El Servicio de Protección de Derechos (SPD)
- El Colegio de Psicólogos de Chubut
- La Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Además, incluye todos los informes técnicos realizados en los últimos dos años.
Sí, dos años completos de trabajo bajo revisión. Una auditoría que, si avanza, puede abrir más preguntas que respuestas.
Revinculaciones familiares: el foco más delicado
Dentro del Caso Ángel hay un punto que encendió todas las alarmas: las revinculaciones familiares.
En el Sexto Punto del petitorio, se solicita la reserva y prohibición de modificar expedientes vinculados a estos procesos que están bajo la órbita del equipo técnico donde se desempeña la denunciada.
¿Por qué es clave? Porque se trata de situaciones de alta vulnerabilidad. Casos donde las decisiones técnicas impactan directamente en la vida de personas, muchas veces menores.
El pedido sugiere algo fuerte: la sospecha de que no se trataría de un hecho aislado, sino de posibles conductas repetidas.
Y ahí el problema deja de ser individual para volverse estructural.
Fuente: Diario Crónica