El victimario, Jonathan Calero, fue imputado por homicidio especialmente agravado. La autopsia reveló un historial de maltratos y una brutal golpiza final con cables y cinturones. El Estado uruguayo admitió fallas, ya que el colegio del menor había realizado diez denuncias previas sin obtener respuesta.
La sociedad uruguaya se encuentra atravesada por el dolor y la indignación tras conocerse los detalles del asesinato de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue hallado sin vida el pasado 6 de marzo en el barrio Flor de Maroñas, Montevideo. Por el crimen fue detenido e imputado su padre, Jonathan Calero (36), quien intentó encubrir el filicidio alegando un accidente.
Un escenario de violencia sistemática
Lo que inicialmente fue reportado como una «muerte dudosa» se transformó rápidamente en una causa de homicidio tras las pericias forenses. Según la reconstrucción de la fiscal Sabrina Flores, la noche del jueves 5 de marzo, tras una discusión, Calero sometió a su hijo a una paliza feroz con puños, patadas y objetos como cables o cinturones.
Tras la agresión, el hombre mandó al joven a dormir. Durante la madrugada, al notar que el adolescente ya no presentaba signos vitales, Calero cargó el cuerpo y lo descartó en una cuneta a pocos metros de la vivienda familiar. Fueron los propios vecinos y familiares quienes encontraron el cadáver «morado» por los hematomas internos, mientras el padre simulaba sorpresa sugiriendo que el joven «se habría caído de un puentecito».
Las fallas del sistema: diez denuncias ignoradas
El caso escaló a la esfera política luego de que se filtrara que la institución educativa a la que asistía Jonathan había presentado más de diez denuncias por violencia doméstica. A pesar de las señales de alerta, la Justicia no dictó medidas de protección a tiempo. En aquel entonces, la madre del menor —cuya responsabilidad aún se investiga— justificaba las lesiones del chico diciendo que eran «producto de jugar al fútbol».
«Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado», detalló el equipo fiscal, subrayando la saña del ataque.
Reacción oficial y situación judicial
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el hecho como «espantoso» y reconoció públicamente las falencias del sistema: «El Estado no pudo resolverlo a tiempo. Revisaremos los protocolos porque aquí hubo una historia tan terrible como real».
Actualmente, Jonathan Calero se encuentra bajo prisión preventiva hasta el 3 de septiembre, imputado por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado. Su defensa ha solicitado pericias psiquiátricas para intentar determinar si es imputable, mientras el país exige justicia por un crimen que, según todas las evidencias, pudo haberse evitado.