El gobernador de Chubut no reaccionó ante la nueva ley 90/10 de Santa Cruz, que limita el empleo a residentes locales. La medida golpea directamente a cientos de trabajadores comodorenses.
La aprobación de la nueva Ley 90/10 en Santa Cruz desató alarma entre los trabajadores mineros de Comodoro Rivadavia, que cada día cruzan la frontera provincial para ganarse la vida.
Mientras Claudio Vidal defendió con firmeza la iniciativa que prioriza el empleo santacruceño, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, optó por el silencio. La falta de respuestas del mandatario provincial reaviva viejas heridas en una región golpeada por la crisis petrolera y el abandono político.
La ley que impulsó el exdirigente gremial eleva al 90% el cupo obligatorio de contratación de mano de obra local en minería y otras industrias estratégicas.
“No tengo nada contra el de afuera, pero que se vengan a vivir”, sentenció Vidal al defender un modelo de desarrollo que prioriza a los santacruceños. La medida, sin embargo, deja a cientos de trabajadores chubutenses en una situación de incertidumbre total.
Esta postura contrasta con la pasividad de Torres, que hasta el momento no anunció ninguna acción política ni institucional para proteger a los comodorenses que dependen de la minería santacruceña.
Un golpe a los trabajadores de Comodoro
El impacto de la nueva normativa es directo. Decenas de familias de Comodoro Rivadavia y alrededores dependen desde hace años de la actividad minera al otro lado del límite provincial. Durante décadas, los yacimientos de oro y plata santacruceños se convirtieron en una válvula de escape ante la pérdida de puestos en la industria petrolera de Chubut.
Cuando la crisis de la Cuenca del Golfo San Jorge dejó miles de despidos, esos mismos trabajadores encontraron en la minería santacruceña una salida laboral. Ahora, con la Ley 90/10 en marcha, esa puerta se achica dramáticamente.
Lo más preocupante es que el Gobierno de Chubut no mostró ni reacción ni estrategia para defender a su gente. Mientras en Santa Cruz ya se realizan operativos de control y se fiscaliza empresa por empresa, en Rawson la respuesta es el silencio.
Promesas vacías y falta de gestión
El contraste no es nuevo. A lo largo de los últimos meses, Torres prometió impulsar un plan de reactivación productiva para la región, incluso reflotando iniciativas como el proyecto de ley de cuencas maduras. Sin embargo ninguna de esas ideas pasó del anuncio.
Mientras tanto, Santa Cruz avanza con una normativa que protege el trabajo para sus residentes y fija criterios de residencia de hasta seis años para ser considerado “local”. Los santacruceños discuten reglamentación, plazos y excepciones técnicas; en Chubut, ni siquiera se abrió un debate público.
La falta de liderazgo provincial deja en evidencia que no hay una política clara para enfrentar escenarios de competencia laboral interprovincial. Los sindicatos de la zona ya expresaron su preocupación, pero el Ejecutivo provincial sigue sin tomar cartas en el asunto.
Santa Cruz blinda sus recursos, Chubut mira desde afuera
“Acá siempre fuimos muy generosos, ahora en Santa Cruz cambia”, advirtió Vidal al defender la prioridad para sus trabajadores. Su administración desplegó un sistema de registro de empleo, reforzó la fiscalización y convocó a las empresas a radicar bases operativas en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado.
Del otro lado de la frontera, el Gobierno de Chubut no tiene un plan para absorber a los trabajadores que puedan quedar afuera ni medidas para negociar condiciones laborales para sus ciudadanos. Tampoco existe una política de diversificación económica que permita ofrecer empleos alternativos.
En Comodoro Rivadavia, los efectos de esta desprotección se sienten con fuerza. El riesgo es que una nueva ola de desempleo golpee a un sector que todavía sufre las consecuencias de los vaivenes petroleros.
La decisión de Santa Cruz expone a Torres a una realidad incómoda: mientras otras provincias defienden con firmeza sus intereses y su mano de obra, Chubut se queda al margen. El mandatario no planteó reclamos formales, no se reunió con su par santacruceño ni impulsó medidas para resguardar los puestos de trabajo de la población que dice defender.