La cosa se puso espesa en Sarmiento y no precisamente por el frío patagónico. La Fiscalía pidió llevar a juicio oral a un policía acusado de abuso sexual simple agravado contra una compañera de trabajo. El hecho habría ocurrido dentro del ámbito policial, en plena Comisaría local, y el caso ya empezó a generar ruido puertas adentro y afuera de la fuerza.
Una denuncia dentro de la propia fuerza policial
La audiencia preliminar de juicio se realizó esta mañana en la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Allí, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron formalmente la elevación a juicio oral y público de la causa contra el empleado policial identificado por las iniciales C.G.P., de 50 años.
La acusación no es menor. El hombre fue denunciado como presunto autor del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por personal policial en ejercicio de sus funciones y en un contexto de violencia de género.
Sí, un combo judicial más pesado que mochila de albañil.
La investigación está a cargo de la procuradora Lucina Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi. Según se expuso durante la audiencia, el hecho ocurrió en abril de 2025 en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada sobre Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel.
Qué dice la denuncia contra el policía acusado de abuso sexual
De acuerdo con la denuncia incorporada en la causa, el funcionario policial habría desarrollado conductas inapropiadas contra una mujer policía que se encontraba en el lugar junto a otros compañeros de trabajo.
Por cuestiones vinculadas al protocolo de protección y al normal desarrollo del proceso judicial, las autoridades evitaron brindar las identidades completas de las partes involucradas. Una práctica habitual en este tipo de investigaciones sensibles.
Durante la audiencia, las fiscales detallaron los hechos incluidos en la acusación pública y explicaron la calificación legal escogida. Además, presentaron los medios de prueba testimoniales y documentales que buscarán sostener durante el futuro debate oral.
Porque claro: en estos casos no alcanza con “yo no fui” dicho con cara seria y uniforme planchado.
El pedido de restricción y la postura de la defensa
Las representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una medida de prohibición de contacto entre el acusado y la víctima por un plazo de tres meses.
La intención es evitar cualquier tipo de acercamiento o interacción mientras continúa avanzando el proceso judicial. Una medida que suele aplicarse en investigaciones vinculadas a violencia de género o situaciones de presunta intimidación laboral.
Del otro lado, el abogado defensor Enrique Paredes rechazó los planteos de la fiscalía y pidió directamente el sobreseimiento de su cliente.
Según argumentó, hubo una valoración “inadecuada” del contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados. También cuestionó el agravante incluido en la acusación, particularmente el relacionado con la condición de funcionario policial y el contexto de violencia de género.
Un clásico de manual judicial: la fiscalía diciendo “hay elementos suficientes” y la defensa respondiendo “están exagerando”. Netflix se queda corto.
La decisión del juez y lo que viene ahora
El juez Ariel Quiroga informó que el auto de apertura a juicio oral será comunicado por escrito a las partes dentro de los plazos establecidos por la ley.
Eso significa que todavía resta la resolución formal que determinará si el caso avanza definitivamente a debate oral y público.
Mientras tanto, el expediente ya empezó a generar comentarios dentro de la comunidad de Sarmiento, una ciudad donde los temas vinculados a la fuerza policial suelen correr rápido entre radios, grupos de WhatsApp y charlas de almacén.
Porque en localidades chicas, una denuncia dentro de la propia comisaría explota más rápido que calefactor viejo en invierno.
Violencia de género y fuerzas de seguridad: un debate incómodo
El caso también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que hace tiempo genera tensión en distintos puntos de Chubut: cómo se investigan las denuncias contra integrantes de fuerzas de seguridad.
En ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew o Puerto Madryn, distintos casos de violencia institucional o denuncias internas han generado debates públicos en los últimos años sobre protocolos, controles y relaciones de poder dentro de las fuerzas.
Y aunque cada caso tiene su propia complejidad judicial, el foco vuelve siempre al mismo punto: qué pasa cuando quienes deberían garantizar seguridad quedan denunciados por conductas abusivas.
Por ahora, el expediente sigue avanzando y será la Justicia quien determine responsabilidades. Pero el tema ya quedó instalado en Sarmiento, donde el uniforme dejó de ser sinónimo automático de intocable.