El nombre de Ángel López no se apaga. A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 5 de abril, la familia paterna del nene de 4 años lanzó una fuerte campaña de visibilización en las calles del centro para exigir que el caso no quede en el olvido.
Bajo el lema de «Justicia por nuestro Angelito», Lara Millán, hermana del menor, lideró una movida en redes sociales y en la vía pública. Los carteles no solo muestran los rostros de los hoy detenidos, Mariela Altamirano (madre biológica) y su pareja, Michel González, sino que también señalan al juez y a las profesionales que permitieron que Ángel volviera a vivir con su madre, una decisión que la familia paterna había cuestionado por considerarla peligrosa.
Lo que inicialmente se reportó como una muerte por paro cardiorrespiratorio en el Hospital Regional, dio un giro oscuro tras la autopsia preliminar. Los exámenes médicos confirmaron que Ángel presentaba golpes letales en la cabeza, lesiones que, según la justicia, no fueron accidentales.
Durante la audiencia de control, el juez fue tajante: los golpes ocurrieron mientras el niño estaba al cuidado de la pareja. Mientras se presume que González fue el autor material del maltrato, la madre está imputada por no haber intervenido para frenar la agresión ni haberle brindado el auxilio necesario.
Seis meses de preventiva
Actualmente, tanto Altamirano como González cumplen prisión preventiva por un plazo de seis meses, medida dictada ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la causa. La investigación busca reconstruir las horas previas al fatal desenlace en un hogar que, según las denuncias, estaba marcado por la violencia.
«Lo hacemos con el corazón en la mano, porque duele su ausencia y duele el silencio», expresó Lara Millán, quien convocó a la comunidad a participar de las próximas marchas. Para la familia, la lucha no es solo contra los autores directos, sino contra un sistema que falló en proteger la vida de Ángel.