Con la pesca paralizada y la denuncia por presuntas coimas en agenda nacional, en Chubut los grandes medios miran para otro lado.
El caso Red Chamber–Profand dejó de ser un “tema de muelle” y ya ocupa portadas nacionales. Mientras tanto, en Chubut la actividad pesquera está parada, los gremios reclaman reglas claras y el Gobierno convoca reuniones de urgencia para explicar la “situación contractual” con las empresas.
Lo más grave no es solo lo que se denuncia, sino cómo se decide: permisos “exprés” de la noche a la mañana, Alpesca entregada a Profand y a los pocos días devuelta a Red Chamber, y hasta una homologación del STJ a un acuerdo entre el Estado y un privado en un conflicto básicamente administrativo. Desprolijidad, discrecionalidad e inseguridad jurídica, todo junto.
A la par, el silencio de los grandes medios provinciales es ensordecedor. En redacciones y pasillos se repite la misma explicación: la dependencia de la pauta pública. Resultado: menos preguntas incómodas, más blindaje político.
Si el gobernador Ignacio Torres quiere despejar dudas, el camino es simple: expedientes completos a la vista (informes, dictámenes, fundamentos y firmas) y explicación documentada de por qué los permisos “precarios” no violan la ley ni borran de un plumazo las “irregularidades” que él mismo le endilgó a Red Chamber. Y si los hechos relatados en la demanda de EE.UU. son falsos, que se investigue y se pruebe. Lo contrario es seguir tapando con parches un escándalo que ya superó los límites de Chubut.