La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo foco de conflicto tras las declaraciones de Cinthia Fernández, pareja del abogado querellante Roberto Castillo. A través de un descargo cargado de indignación, Fernández denunció públicamente una estrategia para distorsionar los hechos y cuestionó duramente la filtración de datos sensibles a la prensa.
La reacción surge a partir de versiones que sugieren que el niño padecía una enfermedad preexistente, lo que para la familia representa un intento de encubrimiento.
«Una manipulación de inmundicia»
En sus declaraciones, Fernández expresó su «bronca, asco e indignación» ante lo que calificó como un manejo poco profesional de la causa. Uno de los puntos que más resaltó fue la irregularidad en la comunicación de los informes judiciales:
«Es increíble que nosotros ni siquiera tenemos el histopatológico en nuestras manos, ni siquiera se nos otorgó. Imagínense el profesionalismo de la gente que hizo este informe tan, tan delicado, que lo tienen los periodistas antes que nosotros».
Para la mediática, esta filtración no es casual, sino que forma parte de un plan para «tomar a toda una sociedad como estúpida» y desviar la atención de los signos de violencia reportados inicialmente.
El rechazo a la teoría de la enfermedad preexistente
Fernández fue tajante al desestimar la hipótesis que intenta vincular el deceso con una patología previa del menor. En sus palabras, existe una intención de modificar la percepción pública del caso mediante engaños:
Relato ficticio: Sostuvo que se intenta «hacernos creer que ahora Ángel murió de una enfermedad preexistente».
Falta de ética: Calificó la situación como algo «ridículo» e «inmundo», asegurando que quienes impulsan esta versión «no tienen cara».
Contexto de la denuncia: Afirmó que «casualmente todo esto empieza cuando empezamos a movernos», sugiriendo una maniobra defensiva por parte de los investigados.
El sistema bajo la lupa
Al igual que el abogado Roberto Castillo, Fernández apuntó contra el sistema judicial por la vulnerabilidad de la información reservada. En su descargo, subrayó el dolor de la familia, afirmando que no solo les arrebataron al niño con «mentiras», sino que ahora «buscan mentirle a toda la sociedad» para garantizar la impunidad de los responsables.
Con estas declaraciones, la querella refuerza su postura de no aceptar resultados periciales que consideren «manipulados», mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue de cerca un caso que combina el drama familiar con una fuerte batalla mediática y judicial.