Un caso de violencia de género en Sarmiento volvió a escalar en tribunales: la Justicia prorrogó la detención de un joven de 27 años acusado de desobediencia, daños y hurto contra su ex pareja. Está preso desde enero y seguirá en la comisaría al menos hasta el 13 de julio. Sin oposición de la defensa, la fiscalía pidió sostener la medida por falta de arraigo y más causas en su contra.
La audiencia se realizó este viernes por la mañana en la oficina judicial. No hubo giros inesperados ni discusiones épicas tipo serie legal: fue bastante directo. La fiscalía pidió que el acusado —identificado como R.E.D.S— siga detenido. Y el juez penal Alejandro Rosales dijo básicamente: “sí, sigue adentro”.
El dato no es menor. El joven está detenido desde el 13 de enero de 2026 y enfrenta varias imputaciones en contexto de violencia familiar y violencia de género. O sea, no es un hecho aislado ni un episodio perdido en el tiempo.
La prórroga fija una nueva fecha: continuará detenido en la comisaría de Sarmiento hasta el domingo 13 de julio.
La fiscalía, representada por la procuradora Marisol Sandoval, la funcionaria Tamara Bernardi y los abogados Bryan Mac Donald y Maira Ritter, fundamentó el pedido en dos puntos clave:
- Falta de arraigo del imputado
- Existencia de otros dos legajos de investigación
Traducción simple: riesgo de fuga y más causas abiertas. Combo complicado.
Del otro lado, las defensoras públicas Rosa Sánchez y Josefina Cubilla Podestá no opusieron resistencia. Nada de objeciones, nada de pelea técnica. Silencio que, en estos casos, también dice bastante.
Además, desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que buscarán unificar las causas y llevar todo a un único juicio oral y público. Una especie de “todo junto y que hable la evidencia”.
El trasfondo del caso suma capas que lo hacen más pesado.
Uno de los hechos ocurrió el lunes 12 de enero a las 14:30 en una vivienda de la calle Lavalle al 400, en el barrio Juan XXIII. La víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar que su ex pareja —con una orden de protección vigente— estaba dentro de su casa.
Sí, dentro. Cuando el personal policial llegó al lugar, ingresó al domicilio junto al propietario del inquilinato. Y ahí encontraron al acusado.
¿Dónde estaba? Escondido detrás de la puerta de una heladera en el living. Nivel escondite: desesperado.
Pero más allá de lo insólito de la escena, lo grave es otra cosa: había una orden judicial de exclusión del hogar que fue ignorada. O sea, desobediencia directa.
La segunda causa ya elevada a juicio suma más antecedentes. El 5 de julio de 2025, el imputado volvió a incumplir una medida judicial. Se presentó en la vivienda de su ex pareja e intentó ingresar. Spoiler: tampoco podía estar ahí.
Y como si eso no alcanzara, el 24 de agosto de ese mismo año, la situación escaló.
Según la investigación, el acusado ingresó nuevamente a la vivienda, rompió un cuadro de vidrio, dañó prendas de vestir de la víctima y se llevó un teléfono celular junto con documentación personal.
Daño, hurto y violencia en un mismo combo. Todo esto configura un patrón. No es un hecho aislado ni una reacción puntual. Es repetición. Y en causas de violencia de género, la repetición no es un detalle: es una alarma.
En ciudades como Sarmiento —y también en Comodoro, Trelew o Puerto Madryn— estos casos se repiten más de lo que gustaría admitir. Y muchas veces escalan cuando las medidas judiciales no alcanzan o directamente no se respetan.
Acá hubo una orden. Y fue ignorada más de una vez. La decisión del juez de mantener la detención apunta justamente a eso: evitar que el escenario se repita.
Porque cuando hay antecedentes, incumplimientos y más causas abiertas, el riesgo no es teórico. Es concreto. Y en este tipo de casos, llegar tarde no es opción.
La fiscalía buscará avanzar con la unificación de causas y llevar todo a juicio. Ahí se jugará el capítulo más fuerte: determinar responsabilidades y posibles condenas.