La causa llegó a su tramo final con los alegatos y dejó dos posturas bien marcadas. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal pidió la declaración de responsabilidad penal del acusado A.J.C., señalándolo como autor de abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima y por el contexto de convivencia preexistente. No fue un hecho aislado: se trata de dos episodios en concurso real.
Del otro lado, la Defensa Pública jugó su carta más fuerte: sostuvo que no se logró probar lo que figura en la acusación y pidió la absolución. Es decir, si hay duda, que juegue a favor del imputado.
El juez penal Mauro Soza escuchó a ambas partes y ya puso fecha para cerrar el capítulo: el próximo miércoles 8 de abril, a las 11, dará a conocer el veredicto.
En los alegatos finales, la procuradora Marisol Sandoval fue directa. Planteó que la prueba reunida durante el juicio permite sostener la teoría del caso de la Fiscalía. No habló en el aire: hizo foco en testimonios y pericias concretas.
Entre los elementos que destacó aparece la declaración de una docente, quien tomó conocimiento de la situación. También cobró peso el informe de la psicóloga que intervino en la cámara Gesell de la víctima, una instancia clave en este tipo de procesos.
La Fiscalía encuadró los hechos en un contexto de violencia de género y bajo la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. A ese pedido se sumó la representante de la Asesoría de Familia, que acompañó la postura acusatoria.
La defensa, en cambio, fue en sentido contrario. Las abogadas plantearon que la acusación no logró acreditar los hechos y que, por lo tanto, corresponde aplicar el principio jurídico del beneficio de la duda. Traducido: si no hay certeza, no hay condena.
El caso se remonta a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018, en una vivienda donde el imputado convivía con el grupo familiar de la víctima. Ese dato no es menor: el agravante está justamente en ese vínculo de cercanía y confianza.
La situación salió a la luz tiempo después, cuando la víctima logró contar lo que había pasado en el ámbito escolar. A partir de ese momento, desde la institución educativa se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a los organismos judiciales.
Ese paso —la revelación— suele ser uno de los más difíciles. Y en este caso, fue el inicio de todo el proceso que hoy está a punto de resolverse.
Mientras se espera el fallo, el caso vuelve a poner sobre la mesa algo que va más allá de un expediente: qué hace la sociedad frente a estas situaciones.
Escuchar a tiempo puede marcar la diferencia. Muchas veces, niños, niñas y adolescentes no hablan de forma directa, pero sí dan señales. Detectarlas implica prestar atención sin prejuicios.
También aparece una clave básica pero no siempre aplicada: creer. Ante un relato o indicio de abuso, la primera reacción debe ser proteger, no minimizar ni poner en duda de entrada.
Otro punto central es buscar ayuda profesional. Cambios de conducta, miedo, retraimiento o agresividad pueden ser indicadores que necesitan intervención especializada.
Y hay algo más: enseñar a decir “no”. Que los chicos sepan que tienen derecho a rechazar situaciones incómodas, incluso si involucran a personas cercanas, y que pueden acudir a un adulto de confianza.
La responsabilidad, en definitiva, no es solo judicial. Es colectiva.
Ahora, la pelota queda en manos del juez. El miércoles se sabrá si el tribunal considera probada la acusación o si la duda pesa más.