El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) encendió la alarma por casos de familias que usan casas adjudicadas por el Estado para montar negocios privados, alquilarlas o incluso venderlas de manera irregular.
El presidente del organismo, Guillermo Espada, contó en una entrevista con #LA17 que durante los controles detectaron situaciones insólitas, entre ellas una panadería funcionando dentro de una vivienda social.
“Hemos descubierto hasta una panadería habían montado, por ejemplo, en una casa del IPV”, reveló el funcionario, y explicó que se trataba de un emprendimiento con empleados y actividad comercial a gran escala.
Espada recordó que las viviendas adjudicadas tienen como único destino el uso familiar y advirtió que muchas personas creen que pueden hacer “cualquier cosa” una vez que reciben las llaves. “Las viviendas son para uso familiar”, remarcó.
Además, aclaró que mientras la propiedad no esté cancelada y escriturada, sigue perteneciendo al Estado provincial. “El Estado provincial no le puede estar pagando al señor que está usufructuando esa panadería”, lanzó.
Desde el IPV aseguraron que intensificarán las inspecciones, especialmente en ciudades con alta demanda habitacional como Puerto Madryn.
Fuente: LU17