La Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut volvió a dejar en evidencia la gravedad del escenario político-judicial que atraviesa la provincia. En una asamblea realizada el 19 de noviembre, los magistrados resolvieron —por unanimidad— acelerar los pasos para evaluar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional recientemente aprobada.
En el comunicado, la entidad fue contundente: existe una “profunda preocupación” por la afectación del libre ejercicio de la magistratura y el posible avance sobre la independencia interna y externa del Poder Judicial. Dicho en otras palabras: el Gobierno provincial habría cruzado límites institucionales sensibles.
Los jueces solicitaron un dictamen jurídico urgente, cuyo contenido será analizado por los asociados antes de decidir si se presenta formalmente la acción de certeza ante el Superior Tribunal. A eso se suma un dato nada menor: la Asociación confirmó que recibió el apoyo de la FAM, la FLAM y hasta de la Relatoría de Independencia Judicial de la ONU, que ya manifestaron su voluntad de intervenir como amicus curiae.
Además, y evidenciando el nivel de alarma, la Asociación decidió no esperar al año próximo y convocó a una nueva asamblea para el 15 de diciembre, presencial y virtual, en la sede de Trelew. Allí se evaluará la presentación ante organismos internacionales, algo que expone de lleno la magnitud de la crisis.
Mientras el Gobierno busca relativizar el conflicto, lo cierto es que los propios magistrados lo califican como una situación “grave”, que podría dejar al Poder Judicial debilitado en su autonomía. Y cuando la advertencia viene desde dentro del sistema judicial, minimizarla ya no es una opción.
