En un fallo que le cambia el tablero al Ejecutivo, el juez federal Adrián González Charvay mandó a aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad y tiró por la borda el artículo 2 del Decreto 681/2025, ese que pedía al Congreso “explicar” de dónde saldría la plata. Para el magistrado, ese artículo no solo es inválido: directamente es inconstitucional.
González Charvay fue contundente: el Gobierno no puede frenar ni condicionar una ley que el Congreso aprobó por insistencia. Hacerlo sería “una forma encubierta de veto”, algo que la Constitución no admite ni con discreción.
El juez recordó además que en materia de discapacidad el Estado tiene obligaciones reforzadas por tratados internacionales, así que el argumento presupuestario no corre.
¿Qué ordenó exactamente?
Chau al artículo 2 del decreto: nulo e inconstitucional.
La Ley 27.793 se aplica ya mismo.
El fallo beneficia a todas las personas con discapacidad y a los prestadores.
Y ojo: el Ejecutivo no puede tomar medidas que recorten derechos ya vigentes.
El fallo reacomoda el tablero político y vuelve a poner en discusión hasta dónde puede llegar el Gobierno cuando el Congreso ya decidió.
Fuente: NA

