La denuncia civil presentada por Red Chamber en Estados Unidos —donde se describe un presunto pedido de coimas por US$ 6,5 millones a un alto funcionario de Chubut— provocó un brusco giro del gobierno provincial. Los permisos otorgados “de urgencia” y el cambio repentino de operador en la ex Alpesca reavivaron las dudas sobre transparencia y seguridad jurídica en el sector.
El sistema pesquero provincial volvió a quedar en el centro de la tormenta. A partir de la demanda presentada en una corte estadounidense por Red Chamber, donde se menciona un presunto pedido de coimas vinculado a un funcionario chubutense, el gobierno de Ignacio Torres enfrentó una ola de cuestionamientos que lo llevó a reordenar —a toda velocidad— su estrategia en la ex Alpesca.
En Trelew y el Valle, donde la cadena pesquera tiene un peso decisivo en empleo y exportaciones, el cambio generó preocupación. La provincia primero entregó la planta a Profand, pero pocos días después revirtió la decisión y habilitó el regreso de Red Chamber, incluso después de haberla acusado de incumplimientos contractuales. El giro, sin explicaciones públicas ni actos administrativos difundidos, dejó la sensación de inestabilidad regulatoria.
El otro frente que se abrió fue el de los permisos de pesca otorgados “exprés”, sin informes técnicos previos ni dictámenes completos. Especialistas consultados advierten que un acto sin causa, sin motivación y sin procedimiento es vulnerable a impugnaciones por desvío de finalidad y falta de razonabilidad. En un sector tan reglado como el pesquero, la falta de transparencia es un factor que golpea la competitividad y espanta inversiones.
Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta:
¿Por qué se desplazó a Profand sin mostrar una evaluación comparativa?
¿Qué documento deja sin efecto las supuestas irregularidades que Torres le atribuía a Red Chamber?
¿Qué cambió entre una semana y la siguiente para justificar la marcha atrás?
¿Cuál es el verdadero impacto de la denuncia por coimas en esta reconfiguración?
La reaparición de Red Chamber en la ex Alpesca y el silencio del Ejecutivo provincial dejan un clima enrarecido en plena temporada. Para despejar sospechas, el gobernador deberá publicar los expedientes completos y explicar por qué su decisión no constituye un nuevo caso de discrecionalidad política en un recurso público tan sensible como la pesca.
LA RESOLUCION
