La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este miércoles que iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, cuya implementación fue suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior durante su sesión del 22 de octubre. En su resolución, la UBA sostuvo que el decreto presidencial “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”.
El texto remarca que la suspensión de la norma “afecta al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial”.
La universidad instruyó al rector a presentar una demanda judicial y comunicar la medida a todas sus facultades, colegios, hospitales e institutos.