En un movimiento que rompe con décadas de política de Estado en materia de Derechos Humanos, el Gobierno nacional difundió este lunes un extenso video institucional destinado a confrontar la narrativa establecida sobre la última dictadura militar. Bajo el concepto de “memoria completa”, la pieza audiovisual no solo cuestiona los procesos judiciales y simbólicos de los últimos 20 años, sino que los califica como un “experimento narrativo” basado en la manipulación de recursos públicos.
El material, lanzado estratégicamente en la antesala de los 50 años del golpe de Estado de 1976, plantea una crítica feroz al período iniciado en 2003. Desde su introducción, el Ejecutivo sostiene que se impulsó una “masiva campaña política” para imponer una visión “sesgada y revanchista” de los acontecimientos. Al hacerlo, el Gobierno nacional asume una postura de confrontación directa, acusando al Estado de haber «ignorado, marginado y silenciado» a víctimas del accionar guerrillero para que no interfirieran con el enfoque predominante.
La apuesta por el «relato alternativo»
El video utiliza testimonios de figuras como Miriam Fernández y Arturo Larrabure para intentar equiparar distintas formas de violencia política, un recurso que históricamente ha sido señalado por organismos internacionales y juristas como un intento de relativizar el terrorismo de Estado. Al denominar a la política de memoria de las últimas décadas como un instrumento de «manipulación ideológica», el material oficialista busca deslegitimar los consensos alcanzados desde el Juicio a las Juntas hasta la actualidad.
Según la pieza, la historia argentina de los años 70 debe ser presentada “libre de imposiciones”, sugiriendo que la verdad histórica ha estado bajo una suerte de censura institucional. Sin embargo, analistas coinciden en que esta “visión integral” que propone el Gobierno no es más que una reedición de la «Teoría de los dos demonios», ahora potenciada por la estética y el alcance de las plataformas digitales oficiales.
Un escenario de fractura social
La difusión del video se inscribe en un clima de alta sensibilidad social. Al cumplirse medio siglo del quiebre democrático, el Ejecutivo elige diferenciarse de las consignas tradicionales de «Memoria, Verdad y Justicia», priorizando una agenda de «reparación» hacia sectores vinculados a las fuerzas armadas y víctimas de la insurgencia.
Esta pieza institucional no solo es un registro audiovisual; es una declaración política que busca reabrir una disputa que gran parte de la sociedad consideraba saldada. En un contexto de crisis económica y polarización, el Gobierno nacional apuesta a la batalla cultural sobre el pasado para marcar su identidad en el presente, desafiando los pilares que sostuvieron la transición democrática argentina.