La violencia de género no es un concepto abstracto ni un hashtag de ocasión: tiene nombres, causas judiciales y víctimas reales. Esta mañana, en una audiencia realizada en la Oficina Judicial, el juez Ariel Quiroga resolvió mantener la prisión preventiva de C.E.B. (30), imputado por una seguidilla de delitos cometidos en el marco de una relación atravesada por la violencia.
El hombre está detenido desde el 24 de noviembre en la comisaría de Sarmiento y, si no hay cambios de último momento, seguirá ahí al menos dos meses más. La decisión llegó tras un pedido expreso del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que el riesgo para la víctima sigue siendo alto y que liberar al imputado podría complicar seriamente la investigación.
En criollo: no es momento de soltarle la mano a la causa ni de mirar para otro lado.
Para el juez Quiroga, hay dos factores que van de la mano y no se pueden analizar por separado: la situación de vulnerabilidad de la víctima y el peligro de que el imputado entorpezca la investigación. Cuando esos dos elementos se combinan, el semáforo judicial queda en rojo.
Por eso, resolvió mantener la prisión preventiva por el plazo de dos meses, entendiendo que no cambiaron las condiciones que llevaron a dictar la detención inicial. La violencia de género, remarcó el magistrado, no es un contexto menor ni un dato accesorio, sino el eje central del análisis.
La medida actual vence el 24 de diciembre, fecha que ya estaba marcada en el calendario judicial y que fue recordada durante la audiencia por la Procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla, quienes llevaron adelante la exposición por parte de la Fiscalía.
Un prontuario que no ayuda: tres legajos y varios delitos
Durante la audiencia, los investigadores detallaron que C.E.B. acumula tres legajos de investigación en su contra. No es una causa aislada ni un episodio “desafortunado”, sino una trama que se repite y se agrava.
Los delitos que se le imputan incluyen:
Desobediencia a la autoridad
Daño
Violación de domicilio
Lesiones leves
Robo simple
Hurto
Todo esto, según los informes incorporados al expediente, ocurrió en un preocupante contexto de violencia de género contra su ex pareja. Es decir, no solo hubo agresiones, sino también incumplimiento de órdenes judiciales previas, lo que encendió aún más las alarmas.
En términos simples: ya había límites puestos y fueron cruzados igual. Más de una vez.
El riesgo procesal y la fragilidad de la víctima
La Procuradora Coppini fue clara: las circunstancias que motivaron la prisión preventiva no variaron desde la audiencia de control de detención. En ese primer momento, la Fiscalía ya había señalado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por el estado de fragilidad de la víctima.
Ese punto fue clave para sostener el pedido de continuidad de la medida. En causas de violencia de género, la Justicia suele mirar con lupa cualquier escenario que pueda derivar en presiones, amenazas o nuevos episodios de agresión.
Y acá, según lo expuesto, ese riesgo sigue intacto.
La Defensa pidió alternativas, pero no convenció
Del otro lado del mostrador judicial, las representantes de la Defensa Pública se opusieron al pedido de la Fiscalía. Argumentaron que la prisión preventiva no era la única opción y propusieron medidas sustitutivas.
Entre ellas, plantearon:
Presentaciones periódicas en la comisaría local
Continuidad de un tratamiento psicológico
Sin embargo, el juez no dio lugar a estas alternativas. Consideró que, frente al cúmulo de causas, la reiteración de conductas y el contexto de violencia de género, esas medidas no alcanzaban para garantizar ni la seguridad de la víctima ni el normal desarrollo del proceso judicial.
Traducción libre: no alcanza con prometer portarse bien.