La causa por violencia de género suma un nuevo capítulo judicial. En la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló la audiencia preliminar contra un joven identificado como R.E.D.S (26).
El funcionario de fiscalía, Matías Ayuzo, solicitó formalmente la elevación a juicio oral y público. La acusación no es menor: desobediencia judicial, daño y hurto, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.
Es decir, no se trata de hechos aislados, sino de una secuencia que la fiscalía considera suficientemente probada como para avanzar a la siguiente etapa.
Ahora la pelota quedó del lado del juez Ariel Quiroga, quien analizará los pedidos y comunicará su decisión por escrito.
Los hechos que pesan en la acusación
Según el legajo fiscal, los episodios ocurrieron en distintas fechas durante 2025. Y tienen un patrón claro: incumplimiento de medidas y agresión hacia la víctima.
El primero se remonta al 5 de julio. Ese día, el imputado habría desobedecido una medida judicial dictada por un juez de familia. Se presentó en la vivienda de su ex pareja e intentó ingresar.
No era un lugar al que podía ir. Pero fue igual.
El segundo hecho ocurrió el 24 de agosto. En esa ocasión, el acusado ingresó al domicilio de la víctima. Allí rompió un cuadro de vidrio y prendas de vestir.
Y no se quedó solo en los daños: también se llevó un teléfono celular y documentación de la denunciante.
Una combinación que agrava el cuadro: violencia, daño material y apropiación de objetos.
Violencia de género: prisión preventiva y más causas en marcha
Un dato que le suma peso a la situación: el imputado no llega a esta instancia en libertad.
Actualmente se encuentra detenido en prisión preventiva por otros hechos similares que también están siendo investigados por la fiscalía.
Esto no solo complica su situación judicial, sino que también refuerza la idea de reiteración de conductas. En términos simples: no es un episodio aislado dentro del expediente.
Lo que pidió la fiscalía
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal no solo expuso los hechos. También presentó los fundamentos de la acusación y los medios de prueba recolectados.
Con ese respaldo, adelantó el pedido de pena: 2 años de prisión. No es una cifra menor, pero tampoco el cierre del proceso. Primero debe definirse si la causa efectivamente llega a juicio oral. Y ahí es donde entra en juego la decisión del juez.
Por su parte, las representantes del Ministerio de la Defensa Pública no presentaron objeciones a los pedidos de la fiscalía. Un dato que no pasa desapercibido.
Sin embargo, sí solicitaron que el juicio se divida en dos etapas. Un planteo técnico que ahora también deberá ser evaluado por el juez junto con el resto de los pedidos.
Violencia de género: lo que viene
Con la audiencia preliminar ya realizada, el próximo paso es clave: la resolución del juez Ariel Quiroga. Será él quien defina si la causa avanza a juicio oral y bajo qué condiciones.
Mientras tanto, el imputado continúa detenido y la causa sigue su curso dentro del sistema judicial. Sin estridencias, pero con un trasfondo serio y delicado.