El domingo, mientras el oficialismo de Ignacio “Nacho” Torres se comía una paliza electoral —quedando tercero o cuarto en casi todas las ciudades importantes—, el Gobierno chubutense empujó una consulta popular para eliminar los fueros de políticos, jueces y sindicalistas.
El resultado: 63,6% de votos a favor, y Torres salió a festejar como si hubiese refundado la República.
“A partir de hoy en Chubut no hay más privilegios: todos somos iguales ante la ley”, celebró.
El problema es que el eslogan suena lindo, pero vende gato por liebre.
Lo que el gobierno presentó como una cruzada por la igualdad ante la ley, para el mundo judicial es un golpe directo a la independencia de los jueces.
Así lo advirtió la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que acusó al Ejecutivo de haber llevado a la gente a votar “sin saber realmente qué estaba votando”. Según su presidente, Marcelo Gallo Tagle, lo que se aprobó no fue el fin de los privilegios, sino el fin de las garantías que protegen a los jueces de los aprietes políticos.
Porque los fueros judiciales —spoiler— no son una coronita. Son una barrera constitucional que existe para que un juez pueda fallar sin miedo a que el gobernador de turno lo eche si no le gusta una sentencia.
Sin esa protección, cualquier magistrado que moleste al poder puede ser barrido del medio con la excusa de que “ya no tiene fueros”.
FLAM lo explicó sin vueltas: esto no es combatir la impunidad, es abrir la puerta al apriete institucional.
Y fue más lejos: comparó la movida de Chubut con lo ocurrido en México, donde un discurso parecido (“terminar con los privilegios”) terminó en una purga judicial y en el nombramiento de jueces funcionales al poder político —y en algunos casos, al narcotráfico.
En criollo: el plebiscito fue una jugada política en el peor momento de Torres, que venía de comerse un voto castigo histórico y necesitaba cambiar el eje.
El gobernador golpeado salió a vender el relato de “le saqué los privilegios a los políticos y a los jueces”, cuando en realidad buscó debilitar al único poder que puede frenarlo.
Desde FLAM ya anticiparon que, si la eliminación de fueros avanza, va a terminar judicializada, porque choca de frente con la Constitución Nacional (artículos 110 y 115), que garantiza estabilidad e independencia judicial.
Así que el mensaje final es claro: Torres no eliminó privilegios. Eliminó garantías. Y cuando un gobierno usa una consulta popular para recortar controles y disciplinar a la Justicia, eso no es “anticasta”. Eso se llama avanzar sobre la Justicia para que nadie te frene.
➡️ Con información de Cadena 3