El fallecimiento de Ángel, el pequeño de solo 4 años que ingresó sin vida al Hospital Regional, ha escalado a nivel nacional y ha puesto en jaque al sistema de protección de menores en la provincia. El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, rompió el silencio y aseguró que no se detendrán hasta esclarecer si hubo negligencias graves u omisiones por parte de los organismos estatales.
En una entrevista brindada a Radio Mitre, Miquelarena fue tajante: la investigación no se limitará a los sospechosos directos, sino que se revisará «toda la línea de responsabilidades», incluyendo al Poder Judicial, la Fiscalía y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).
Medidas urgentes y autopsia clave
Desde que se conoció el fatal desenlace, la justicia actuó con celeridad para preservar la prueba. “Se secuestraron elementos importantes en la vivienda y los teléfonos celulares. Se hizo de inmediato para que no desaparezca nada”, detalló el Procurador.
Respecto a la madre del niño y su pareja, Miquelarena confirmó que están siendo monitoreados de cerca: “Sabemos dónde están. Se retiraron de su domicilio por temor a ser linchados”. Sin embargo, aclaró que la prioridad absoluta en este momento es el informe preliminar de la autopsia. Este resultado será el que determine si se está frente a un homicidio, lo que activaría detenciones inmediatas bajo una posible pena de prisión perpetua.
El Estado bajo la lupa
Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de Miquelarena fue el anuncio de que se auditará el historial del niño dentro del sistema público. El objetivo es saber si hubo alertas ignoradas por parte del Servicio de la Defensa Pública, el Juzgado de Familia o las psicólogas del ETI.
“Son responsabilidades que pueden encararse por el lado de lo administrativo y ver cómo sigue. Queremos saber si este desenlace fatal pudo haberse evitado con una intervención oportuna”, afirmó.
Prudencia y tolerancia cero
A pesar del clamor social, el Procurador pidió cautela para cumplir con los pasos procesales: notificar al Juez de Garantías, informar a la defensa y realizar las pericias correspondientes. No obstante, marcó una postura de tolerancia cero frente a posibles fallas sistémicas, asegurando que no se permitirá que nadie involucrado en una eventual cadena de errores eluda su responsabilidad.
El caso ha generado una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, donde la comunidad exige respuestas claras sobre por qué un niño que debería haber estado protegido terminó perdiendo la vida en circunstancias que hoy la justicia califica de «extremadamente sensibles».