El juez civil Gustavo Antoun falló contra el Gobierno del Chubut y lo condenó a pagarle $221.809.905,89 a la Cooperativa de Sarmiento (COOPSAR) por la energía eléctrica que sostiene el funcionamiento del acueducto Lago Musters, que abastece de agua a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia.
Según el magistrado, el Contrato de Concesión firmado en 2013 es clarísimo: la Provincia debía hacerse cargo del costo eléctrico, pero hace años que no paga. En cambio, fue la Cooperativa la que tuvo que cubrir con fondos propios la energía para que el acueducto no se apague.
La sentencia no solo ordena pagar la deuda en un plazo de 10 días (en 6 cuotas bimestrales), sino que también exige que en 30 días se calcule cuánto más debe la Provincia. Todo lo hará un equipo de representantes y peritos de ambas partes. Y, como si fuera poco, las costas judiciales también correrán por cuenta del Estado.
Antoun fue tajante: el incumplimiento “arrastró a la COOPSAR a una situación económicamente grave” y puso en riesgo la provisión de agua a toda la región. El fallo describe una cadena de omisiones y excusas absurdas por parte de la burocracia provincial que durante años ignoró los reclamos.
“No resulta cómodo ni simple entender cómo quienes expresan la voluntad estatal desconocen la calidad de acreedor de quien por años aporta la energía necesaria para que Comodoro y Rada Tilly cuenten con agua potable”, escribió el juez, visiblemente harto del “estruendoso silencio oficial”.
La comparación más filosa llegó cuando Antoun señaló que la Provincia actuó como alguien que “se cuelga de la red eléctrica”: usa el servicio, pero no paga.
La causa expone una década de desidia y desinterés político frente a un servicio esencial. Según la sentencia, entre 2019 y 2020 la Cooperativa pagó menos del 10% de una sola factura mensual a CAMMESA, porque el resto simplemente no podía afrontarlo sin ayuda estatal.
Mientras tanto, los socios de Sarmiento terminaron subsidiando un sistema que beneficia a toda la cuenca sur.
El juez pidió que las partes negocien un convenio definitivo para evitar nuevos juicios, pero el daño ya está hecho: años de inacción, excusas y papeles que fueron de escritorio en escritorio, mientras el agua del Lago Musters seguía corriendo… y la deuda también.