En una maniobra que sacudió los pasillos del Congreso, el oficialismo logró este martes el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, pero no sin antes introducir cambios de alto impacto. Los nuevos artículos buscan desactivar dos leyes clave que fueron el corazón de la protesta social este año: el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
El «artículo 75»: el centro de la polémica
La mayor sorpresa se dio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo incorporó el artículo 75, que deroga de forma directa las leyes 27.793 y 27.795. Se trata de las mismas normativas que el Congreso había aprobado por amplias mayorías y que, tras ser vetadas por el presidente Javier Milei, fueron ratificadas por más de dos tercios de ambas cámaras.
Hasta ahora, el Ejecutivo había evitado aplicar estas leyes bajo el argumento de que «no hay plata». Sin embargo, este nuevo movimiento busca eliminarlas definitivamente del mapa legal, reemplazando los fondos establecidos por ley con aumentos discrecionales decididos por decreto.
Universidades y discapacidad: en pie de guerra
La reacción de los sectores afectados fue inmediata. Desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), su secretario general, Emiliano Cagnacci, advirtió que el Gobierno está empujando a la comunidad educativa a un nuevo conflicto. «No solo dan la espalda a la institucionalidad, sino que siguen sin convocar a paritarias», denunció.
Por otro lado, el golpe al sector de discapacidad es doblemente crítico:
Fallo Judicial: La maniobra ocurre apenas una semana después de que un fallo de la justicia federal de Campana obligara al Gobierno a aplicar la emergencia y actualizar los fondos para prestadores.
Pensiones en riesgo: El nuevo artículo 77 del dictamen elimina la posibilidad de otorgar pensiones a personas solo por poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD), un derecho que la ley de emergencia buscaba proteger.
¿Qué pasará en el recinto?
Desde el peronismo ya adelantaron un «rechazo total» y aseguran que trabajarán para reconstruir la mayoría que protegió estas leyes hace apenas unas semanas. La moneda está en el aire y depende ahora de los bloques aliados y la oposición dialoguista: deberán decidir si mantienen su postura original a favor de la educación y la discapacidad o si acompañan el ajuste definitivo propuesto por el Ejecutivo para 2026.