A pocos días de que se publique el padrón definitivo —previsto para el 16 de septiembre— aún no está claro si la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá emitir su voto en las elecciones legislativas de octubre.
El pedido formal fue presentado por la fiscalía electoral atento al arresto domiciliario que se encuentra cumpliendo la exmandataria nacional, en el marco de la condena que recibió por la Causa de Vialidad.
El planteo se suma al debate abierto tras el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien el 18 de julio declaró la inconstitucionalidad de los artículos 19, inciso 2 (en función del artículo 12 del Código Penal) y del artículo 3, inciso “e”, del Código Nacional Electoral.
En consecuencia, Borruto ordenó mantener a Cristina Kirchner como electora activa en su distrito, “con el único propósito de que pueda ejercer su sufragio”. En su resolución sostuvo:
Sin embargo, el fiscal federal Ramiro González pidió que se revoque esa decisión y que la expresidenta sea excluida del padrón electoral. En su dictamen —al que accedió Infobae— González se apoyó en precedentes como el de Juan Carlos Villafañe, ex titular de Vialidad en Santa Cruz, condenado en la misma causa que Cristina Kirchner.
La postura de la fiscalía se basa en que, hasta que el Congreso Nacional no reglamente un nuevo marco normativo, los condenados a inhabilitación perpetua no pueden figurar en el padrón.
El Código Penal especifica que esta sanción incluye “la privación del derecho electoral”, mientras que el Código Nacional Electoral deja fuera de la lista a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.
No obstante, en un fallo previo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya había declarado la inconstitucionalidad de esas normas —artículo 3, inciso “e”, y otros apartados del CNE y el Código Penal—, al considerar que establecían una privación automática del derecho a votar. En ese mismo antecedente, los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via aclararon que la inclusión de los condenados en el padrón requería una legislación específica, todavía pendiente en el Congreso.
El fiscal González también citó el caso “Orazi”, resuelto por la Corte Suprema, que estableció que “el ejercicio efectivo del derecho al sufragio exige una regulación específica, cuyo dictado es resorte exclusivo de otros poderes del Estado”.
Mientras tanto, el calendario electoral prevé que, tras la publicación del padrón definitivo, exista un plazo de diez días para subsanar errores u omisiones.
La definición final sobre si Cristina Kirchner podrá votar quedará en manos de los jueces de la CNE: Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera.