A través de un duro documento, los referentes de la Iglesia en la región alertaron sobre maniobras sistemáticas para acallar la voz del pueblo en la Cámara de Diputados. Aseguraron que se busca privilegiar intereses mineros por sobre la preservación del agua y el aire.
Los Obispos de la Región Patagónica emitieron un contundente comunicado titulado «La participación democrática amenazada… como los hielos y el agua», en el que expresaron su «muchísima pena» ante el modo en que se resolvió la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación. En el texto, denunciaron que se han salteado acuerdos e instancias legales que ya habían sido omitidos previamente por el Senado.
Una metodología de «manual»
Los religiosos señalaron que las estrategias utilizadas para «cercenar y anular intervenciones» no son nuevas en la Patagonia. Según el documento, cuando se debaten temas ambientales vinculados a proyectos mineros, se repiten maniobras como impedir el ingreso al recinto, desestabilizar a los oradores o incorporar personas ajenas a las listas de exposición para generar «ruido y miedo».
«Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos», afirmaron los obispos.
Asimismo, detallaron que en poblaciones pequeñas se despliegan presiones económicas y laborales, recurriendo a promesas y dádivas para quebrar la resistencia de las comunidades.
El valor del agua frente al «pseudo progreso»
La Iglesia patagónica fue enfática al defender los recursos naturales frente a las promesas de las empresas transnacionales. «Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos», sentenciaron, recordando que tanto el aire como el agua «valen más que el oro, la plata o el dinero».
Criticaron también el discurso que tilda de «fundamentalistas» o «enemigos del progreso» a quienes plantean dudas sobre el impacto ambiental, calificando la propuesta extractivista como un «pseudo progreso» que no respeta los estándares que esas mismas empresas cumplen en sus países de origen.
Un llamado a la responsabilidad del Estado
Hacia el final del comunicado, los obispos responsabilizaron a los poderes del Estado por la situación actual de la Argentina y exigieron que no se obligue al pueblo a entregar lo poco que queda: «sus ríos y lagos. Su agua».
El documento cierra con una advertencia directa tras la exclusión de numerosos inscriptos en la audiencia: «Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados… ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire».
Firmantes del documento:
Juan Carlos Ares (Bariloche), Oscar Miñarro (Alto Valle), Fernando Croxatto (Neuquén), Esteban Laxague (Viedma), Ignacio Medina (Río Gallegos), José Slaby (Esquel), Jorge Luis Wagner (Comodoro Rivadavia), Fabián González Balsa (Auxiliar Río Gallegos) y Roberto Pío Álvarez (Rawson).