El Gobierno de Chubut volvió a quedar en el centro de la polémica tras deshacer un contrato firmado hace solo 45 días con Profand y devolverle la planta de Alpesca y los barcos a Red Chamber. Un movimiento repentino que revela, otra vez, la falta de estabilidad jurídica y la improvisación que atraviesan las políticas productivas de la provincia.
La filial de Profand había asumido la gestión el 1 de octubre, invirtiendo tiempo y recursos para poner la planta en funcionamiento y sostener los salarios del personal. Sin embargo, al solicitar los permisos de pesca y los buques necesarios, el Ejecutivo provincial respondió con un insólito argumento: “imposibilidad de cumplir”.
El conflicto estalló justo antes del inicio de la zafra de langostino y compromete la continuidad de 400 puestos laborales. En paralelo, Red Chamber —cuestionada por su historial de deudas y conflictos locales— retoma el control de los activos mientras avanza con denuncias judiciales contra el propio Gobierno y contra Profand en tribunales de EE.UU.
El caso expone otro episodio de desorden político y técnico en Chubut, donde las decisiones parecen atarse más a presiones externas que a un plan serio de desarrollo para la región.