El sistema de prestaciones para personas con discapacidad atraviesa un momento delicado. Prestadores vinculados al programa Incluir Salud advirtieron que llevan meses sin cobrar por los servicios que brindan, una situación que ya está generando una crisis financiera en distintas instituciones.
Según explicaron desde el sector, muchos centros no reciben pagos desde octubre, lo que provocó una acumulación de deuda que hoy pone en jaque la continuidad de la atención.
La frase que se repite entre quienes sostienen día a día el sistema es tan corta como preocupante:
“No cobramos desde octubre”.
Y cuando aparecen transferencias, dicen, suelen corresponder a prestaciones de meses anteriores, por lo que el atraso nunca se termina de cerrar. Es como intentar llenar un balde con un agujero en la base: entra algo de agua, pero el problema sigue ahí.
Prestadores de discapacidad alertan por deuda del programa Incluir Salud
El programa Incluir Salud está destinado a brindar cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.
En teoría, el sistema garantiza atención integral para quienes necesitan servicios de rehabilitación, asistencia o acompañamiento especializado.
En la práctica —según denuncian los prestadores— el problema aparece cuando los pagos no llegan.
La deuda acumulada no afecta a una sola institución. Distintos centros que trabajan con personas con discapacidad en el país están atravesando la misma situación.
Esto incluye instituciones que brindan atención diaria y acompañamiento permanente, servicios que requieren profesionales, infraestructura y costos operativos que no se pueden sostener indefinidamente sin financiamiento.
Y ahí es donde el sistema empieza a crujir.
Reclamo formal por la deuda de Incluir Salud
La gravedad del escenario llevó a que la Defensoría Pública intervenga formalmente en el conflicto.
El 9 de marzo de 2026, defensores públicos presentaron un reclamo ante la Secretaría de Salud de Chubut solicitando la regularización urgente de los pagos correspondientes al sistema de prestaciones.
El pedido se centra específicamente en la deuda vinculada a servicios brindados por la Asociación Civil NICADPI, una institución que atiende a personas con discapacidad.
En el documento presentado, los abogados fueron bastante claros al describir el impacto del atraso.
Según señalaron, la demora en los pagos generó una “asfixia financiera insostenible” que pone en riesgo tanto la continuidad de la institución como la de las prestaciones que reciben los usuarios.
Y no es solo una discusión contable.
Los defensores remarcaron que el problema puede implicar una vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad
El documento también advierte sobre el perfil de quienes dependen de estos centros de atención.
Muchas de las personas que asisten a las instituciones presentan discapacidad múltiple o altos niveles de dependencia, lo que significa que requieren asistencia permanente y especializada.
En algunos casos incluso existen intervenciones judiciales, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad del tratamiento o acompañamiento.
Por eso, desde la Defensoría pidieron que las autoridades adopten medidas urgentes para evitar que el problema financiero termine impactando directamente en los usuarios.
Porque cuando el sistema se queda sin fondos, el riesgo es que los servicios también se queden sin capacidad de respuesta.
Nación y Provincia en el centro del reclamo por Incluir Salud
El funcionamiento del programa Incluir Salud tiene una particularidad administrativa que complica el panorama.
El programa depende del Estado nacional, pero en las provincias se ejecuta a través de unidades provinciales, lo que genera responsabilidades compartidas.
En otras palabras: Nación financia el sistema, pero las provincias administran su implementación.
Por eso, desde el sector de prestadores sostienen que la solución al conflicto requiere intervención de ambos niveles del Estado.
Ni uno ni otro pueden mirar para otro lado.
Riesgo de cierre de instituciones
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo.
Prestadores del sistema advirtieron que, si no se regularizan los pagos, algunas instituciones podrían verse obligadas a cerrar por la imposibilidad de sostener los costos operativos.
El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad está regulado por la Ley 24.901, que establece que el Estado debe garantizar cobertura integral de servicios de rehabilitación, asistencia y apoyo.
Pero en el terreno real, los prestadores aseguran que los atrasos y la acumulación de deuda están generando una situación insostenible.
Por ahora, las organizaciones del sector siguen reclamando que se normalicen las transferencias.
Porque cuando un sistema de atención entra en crisis, el problema no queda en los papeles administrativos: termina impactando en la vida cotidiana de personas que dependen de esos servicios.
Y esa es una deuda que ningún Estado debería dejar acumular.