La empresa Refres Now S.A., responsable de la popular gaseosa Manaos, deberá afrontar un desembolso multimillonario tras un revés judicial definitivo. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la condena por despido a favor de un exdistribuidor que operaba en la zona sur de la provincia, San Juan y La Pampa, reconociendo la existencia de una relación laboral no registrada.
La disputa legal se inició en San Rafael, donde la Cámara Segunda del Trabajo determinó que el demandante no era un prestador externo, sino que mantenía un vínculo de dependencia con la compañía. Según el expediente, el trabajador logró probar irregularidades en su registración contractual durante casi una década (2013-2022).
Si bien la sentencia inicial de la cámara sanrafaelina ascendía a los 1.500 millones de pesos, la Corte provincial —integrada por los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y Norma Llaster— admitió parcialmente un recurso extraordinario de la empresa para reajustar los números, aunque mantuvo firme la responsabilidad de la firma por el despido incausado.
El fallo actual establece una estructura de pago que, sumada, supera los 807 millones de pesos. El detalle de la liquidación al 11 de abril de 2025 es el siguiente:
Capital: $223.419.076,66
Intereses devengados: $584.257.217,06
Total: $807.676.293,72
Es importante destacar que la cifra no es estática: el máximo tribunal aclaró que los intereses continuarán acumulándose hasta que se efectivice el pago total al trabajador.
A pesar del impacto financiero, la Corte introdujo modificaciones técnicas favorables a Refres Now S.A. en ciertos rubros. Los magistrados rechazaron el pago de la indemnización por la falta de entrega de certificados laborales (Art. 80 de la LCT), lo que le ahorró a la productora de marcas como Villa Manaos, Bichi y Placer unos 34 millones de pesos.
Este fallo adquiere una relevancia institucional de peso en medio del debate nacional sobre la reforma laboral, ya que la Corte evitó reabrir la discusión sobre los hechos probados (la relación de dependencia) y se centró estrictamente en la metodología del cálculo económico, enviando un mensaje claro sobre la protección de los derechos del trabajador en casos de empleo no registrado.