Instituciones de todo el país, incluyendo a NICADPI y el Centro Solar Colón, denuncian una parálisis total de servicios por deudas acumuladas de Incluir Salud. El reclamo escaló con paros y movilizaciones bajo la consigna «Discapacidad en emergencia».
La situación del sector de discapacidad en Argentina ha cruzado una línea crítica. Lo que comenzó como un retraso administrativo se ha transformado en una emergencia nacional que, según advierten los propios prestadores, «está a punto de estallar». Durante las jornadas del 18 y 19 de marzo, instituciones y profesionales de todo el país llevaron adelante un cese total de actividades para visibilizar un escenario de abandono que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
El foco del conflicto: Deudas y «caja» cerrada
El malestar apunta directamente contra el programa Incluir Salud y la gestión de fondos específicos. Desde las instituciones denuncian un «abandono» que califican como delictivo, señalando que:
Meses sin cobro: En instituciones como NICADPI, denuncian que no perciben pagos desde hace cuatro meses.
Falta de respuestas: La contestación oficial ante los reclamos ha sido «pagaremos cuando tengamos plata».
Desvío de fondos: Se denuncia que el Tesoro Nacional habría absorbido 30.000 millones de pesos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que estaban destinados a ser ejecutados para estas prestaciones.
En diversas localidades, como en Entre Ríos a través del Centro Solar Colón, los prestadores salieron a la calle para denunciar que «sin pago de prestaciones, no hay servicios». El sector se encuentra asfixiado por aranceles que no se ajustan a la inflación, lo que genera una precarización absoluta de los trabajadores y pone en peligro la atención de miles de personas con discapacidad.
La advertencia es clara: la cadena de pagos está rota. Sin el flujo de fondos correspondientes, las instituciones no pueden afrontar salarios ni costos operativos básicos, lo que deriva en el cierre temporal o definitivo de centros terapéuticos y de día.
La comunidad educativa y terapéutica hace un llamado a la sociedad para compartir esta información y visibilizar que, detrás de los números y las deudas, hay personas cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados.