Una denuncia presentada en una corte federal de Estados Unidos por la empresa Red Chamber Co. volvió a poner a la pesca chubutense en el centro de la polémica. El caso, que involucra a la planta de procesamiento de Puerto Madryn, menciona al gobierno provincial y a un presunto pedido de pago ilegal por US$ 6,5 millones.
De acuerdo con la documentación judicial presentada el 30 de septiembre de 2025 ante la Corte del Distrito Central de California, Red Chamber demandó a la compañía española Profand S.L. y a su filial Pesquera Deseado S.A.U. por espionaje industrial y robo de secretos comerciales. Sin embargo, en el texto también se describe una reunión en Buenos Aires donde, según la empresa, un funcionario chubutense habría solicitado un pago no declarado a cambio de mantener la operación pesquera.
Según el escrito, el 3 de abril de 2025, el entonces ministro de Economía y actual fiscal de Estado del Chubut, Andrés Meiszner, se reunió con el presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, en el hotel Alvear Art de Buenos Aires. Allí, siempre de acuerdo a la versión judicial, el funcionario habría mencionado un pago de US$ 6,5 millones en “B-money” —una forma de transferencia no rastreable— para permitir que la empresa continuara operando y adquiriera los activos de la planta expropiada.
El documento indica que el pago debía concretarse en dos tramos, de US$ 3 millones y US$ 3,5 millones, y que la propuesta habría sido rechazada por la compañía por ser incompatible con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley estadounidense que prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros.
Aunque el Gobierno del Chubut no figura como parte demandada, sí es mencionado en varios pasajes como actor central del conflicto, especialmente tras la rescisión del contrato con Red Chamber y la incorporación de Profand como nuevo operador pesquero en la provincia.
Medios nacionales como La Nación calificaron el caso como “El affaire del langostino”, destacando la magnitud económica y política del conflicto, que podría derivar en investigaciones de oficio en Argentina si la Justicia local decide intervenir.
El diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) solicitó formalmente informes al Ejecutivo provincial para esclarecer los acuerdos alcanzados, advirtiendo que “el gobierno no parece dimensionar la magnitud del escándalo que se está gestando”.
“Los gobiernos son circunstanciales; lo que quedan son las consecuencias para la provincia. Pedimos transparencia sobre los contratos, los permisos y el rol de las empresas involucradas”, señaló Coliñir.
Hasta el momento, no existe una causa penal abierta en el país por el presunto pedido de soborno, aunque la denuncia en California deja constancia de una acusación grave de intento de coima que podría tener repercusiones judiciales en ambos países.
📍 Fuente: Demanda civil “Red Chamber Co. vs. Profand S.L.” (Corte del Distrito Central de California, septiembre 2025); ; publicación de La Nación, 6 de noviembre de 2025.