El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenaba la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país. El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín por la Procuración del Tesoro de la Nación.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, genera un “agravio al Estado Nacional” al obligar a realizar gastos sin definir las fuentes de financiamiento, lo que —según el planteo oficial— pone en riesgo el equilibrio fiscal.
El magistrado había declarado nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la inmediata aplicación de la ley, que tiene vigencia hasta fines de 2027. Si bien concedió la apelación, lo hizo con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo continuará vigente mientras la Cámara revisa el caso. Además, otorgó un plazo de cinco días al Estado para fundamentar el recurso.
El Gobierno recordó que, si bien la norma fue promulgada, su ejecución quedó suspendida debido a que fue aprobada sin especificar cómo se financiarían los costos que implica su implementación.
La demanda original fue presentada por dos familias con hijos que poseen Certificado Único de Discapacidad, quienes recurrieron a la Justicia tras verse afectados por la suspensión de tratamientos y servicios.
Fuente: NA