Los integrantes del «Clan Tolosa» finalmente enfrentarán un juicio oral por abigeato, robos, amenazas y usurpación de campos, pero lo harán desde sus casas.
La decisión judicial cayó como un balde de agua fría para los pobladores de Paso de Indios. Aunque el proceso sigue firme, la Justicia resolvió que no hay pruebas suficientes para sostener que funcionaban como una «asociación ilícita». Al caerse este cargo —el más pesado de la acusación—, la causa se «suavizó» y permitió que los imputados recuperaran la libertad de inmediato.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentra Elena Amigoren, señalada como la líder del grupo que, según las denuncias, utilizaba métodos violentos para quedarse con tierras y ganado ajeno.
¿Quién cuida a los vecinos?
El abogado César Oller, quien interviene en la causa desde el área civil, fue tajante al expresar la preocupación que se vive en la zona rural. En diálogo con Radio Chubut, advirtió que dejar a los Tolosa en libertad pone en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes se animaron a declarar.
«Hay una contradicción peligrosa: el Estado pide que la gente denuncie para terminar con la impunidad, pero cuando lo hacen, no protegen a los denunciantes», señaló Oller. El temor principal es que, ahora que están libres, los protagonistas de las amenazas vuelvan a los campos para tomar represalias contra los vecinos que sirvieron de testigos.
El rol del Estado en la mira
Un dato clave en esta trama es que el clan no operaba desde cualquier lugar. Según se detalló en el proceso, el grupo utilizaba un predio fiscal que les había sido otorgado originalmente por el IAC (Instituto Autárquico de Colonización). Recientemente, ese campo fue restituido al Estado, pero el daño en la convivencia vecinal ya es profundo.
Con información de Radio Chubut