Hace casi dos semanas que Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez en la zona de Rocas Coloradas, entre Comodoro Rivadavia y Camarones, en Chubut. A pesar del despliegue anunciado por el gobierno provincial, hasta ahora no se han hallado indicios determinantes que expliquen qué ocurrió con la pareja, lo que plantea serias preguntas sobre la conducción del operativo y la gestión del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.
El funcionario provincial volvió a declarar que la hipótesis principal es que “la pareja se perdió”, aunque “no se descartan otras posibilidades”. Sin embargo, no existen pruebas sólidas que respalden esa versión. La camioneta de la pareja fue encontrada abandonada, con pertenencias personales, dinero y una pala con barro, lo que sugiere una salida brusca o forzada. Las hijas de Kreder expresaron públicamente que no creen que ellos hayan llegado a ese lugar por decisión propia, y plantean la posibilidad de un robo o una intervención de terceros. La insistencia oficial en una hipótesis débil deja la sensación de que el caso se sostiene más por inercia que por evidencia.
Durante los primeros días se desplegaron más de sesenta efectivos, drones, canes rastreadores y vehículos 4×4. Se rastrillaron decenas de kilómetros entre la zona costera y la ruta nacional 3. Se mencionaron huellas encontradas a trece kilómetros del vehículo y restos de fogatas apagadas, pero nada concluyente. Pese a la magnitud del operativo, el ministro reconoció que “no hubo avances relevantes”, confirmando la falta de resultados concretos y alimentando la preocupación social.
La gestión del operativo ha estado marcada por la falta de claridad y coordinación. No hay una línea de investigación prioritaria, no se comunican resultados parciales ni se explican las razones detrás de cada decisión. La camioneta, pieza clave para cualquier análisis forense, tardó días en ser revisada en profundidad, y hasta el momento no se informaron los resultados de los peritajes. La familia reclama transparencia y mayor participación, pero las respuestas son escasas.
La comunicación oficial es errática y dispersa. No hay un vocero único, y las declaraciones del ministro o de las fuerzas intervinientes se contradicen entre sí. En lugar de calmar la angustia, generan más incertidumbre.
Persisten lagunas clave en la investigación. No está claro si se investigó con seriedad la posibilidad de una desaparición forzada. Tampoco se difundió una cronología precisa de los movimientos de la pareja antes de su desaparición, ni se explicaron los procedimientos seguidos tras el hallazgo de la camioneta. El tiempo perdido en los primeros días puede haber sido determinante, y la falta de resultados pone en evidencia errores en la planificación y en la respuesta estatal.
La gestión de Héctor Iturrioz queda expuesta: a pesar de mostrarse en terreno y anunciar refuerzos, no hay resultados concretos. La falta de avances erosiona la confianza pública y plantea dudas sobre su capacidad para conducir una búsqueda de alta complejidad. Con todos los recursos disponibles y un despliegue mediático constante, lo que queda en evidencia es una gestión más preocupada por sostener el relato oficial que por ofrecer respuestas reales.
Mientras la familia espera noticias y la sociedad observa con creciente frustración, el caso de Pedro Kreder y Juana Morales se convierte en un espejo de las deficiencias del sistema provincial de seguridad. Dos semanas después, no hay rastros, no hay hipótesis firmes y no hay responsables. Solo silencio, declaraciones vacías y un operativo que se agota sin resultados visibles.