Un caso de desobediencia en Sarmiento terminó con un joven de 28 años detenido por incumplir una orden judicial en contexto de violencia de género. Ramón Gabriel Batista De Melo fue aprehendido el viernes 27 de febrero a las 12:10, luego de ser encontrado en el domicilio de su ex pareja, pese a tener prohibición de acercamiento vigente.
La medida era clara. El límite también. Y aun así, lo cruzó.
Desobediencia en contexto de violencia de género
Según consta en el legajo de investigación, operadoras del Área de Género de la Municipalidad de Sarmiento alertaron a la policía al detectar que el imputado se encontraba en la vivienda de su ex pareja, ubicada sobre calle Nahuelanca, en el barrio Progreso.
La orden había sido dictada apenas dos días antes, el miércoles 25 de febrero, por el juez de familia Santiago Huaiquil.
La disposición establecía una prohibición de contacto y acercamiento por 30 días, en un radio de 200 metros del domicilio.
No era una sugerencia. Era una orden judicial.
Detención y formalización de la investigación
Tras el aviso, la policía procedió a la detención de Batista De Melo.
Posteriormente, el juez penal Mauro Soza resolvió formalizar la investigación penal en base a los hechos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la calificación legal propuesta.
La imputación es por desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género.
El expediente empezó a moverse rápido.
Audiencia y nuevos elementos
Durante la audiencia de control de detención, realizada el viernes en la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial, la procuradora Marisol Sandoval y el abogado Daniel Manríquez presentaron los hechos incluidos en el pedido de formalización.
También solicitaron que se declare legal la detención. En ese marco, se mencionó un dato adicional: el detenido habría efectuado amenazas contra el juez de familia que dictó la medida. Por ese motivo, se inició una actuación de oficio.
El caso sumó así un nuevo frente.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensora pública no formuló oposiciones a los pedidos de la fiscalía.
Sin embargo, señaló que la orden de prohibición de contacto es entre ambas personas y planteó la posibilidad de avanzar en una salida alternativa del conflicto. El proceso judicial continúa bajo análisis.