En una mañana cargada de tensión y con la presencia de familiares de la víctima, la justicia penal determinó que Roberto Romero, acusado de asesinar a Maximiliano Cifuentes en el barrio Laprida, deberá permanecer en prisión preventiva. Aunque la Fiscalía solicitaba seis meses más de reclusión, el juez Miguel Caviglia fijó un plazo de tres meses o hasta la finalización de la audiencia preliminar programada para marzo de 2026.
Los argumentos de la acusación: «Peligro de fuga y arma desaparecida»
El fiscal Jefe, Cristian Olazabal, fue contundente al solicitar la continuidad de la medida de coerción. Según el Ministerio Público Fiscal, los riesgos procesales siguen vigentes:
Pena en expectativa: Con una acusación ya presentada que busca una condena de 20 años de prisión, el riesgo de que el imputado intente eludir a la justicia es elevado.
Entorpecimiento: Un dato clave sigue desvelando a los investigadores: el arma homicida aún no ha sido hallada, lo que refuerza la necesidad de mantener a Romero privado de su libertad.
La querella, representada por Eduardo Stepa, adhirió plenamente a estos argumentos, enfatizando la gravedad del hecho ocurrido.
La estrategia de la defensa: Un giro en el móvil del crimen
Por su parte, el abogado defensor Guillermo Iglesias intentó sin éxito obtener la libertad de Romero mediante medidas sustitutivas, como la prohibición de salir de la ciudad y el contacto con testigos.
El punto más polémico de la audiencia surgió cuando Iglesias cuestionó el móvil del asesinato. Mientras que la fiscalía sostiene que el ataque se originó porque la víctima orinó frente a la casa del imputado, la defensa introdujo una versión mucho más sensible: alegó que el conflicto estalló porque el fallecido habría «tocado de forma indebida» a la pareja de Romero.
El fallo judicial
Tras escuchar a ambas partes, el juez Caviglia decidió un punto medio. Validó la existencia de elementos de convicción suficientes para considerar a Romero como probable autor del ilícito y confirmó los peligros de fuga y entorpecimiento.
Dato Clave: La próxima fecha decisiva será el 16 de marzo de 2026, día en que se llevará a cabo la audiencia preliminar para definir la elevación de la causa a juicio oral y público.
Acompañados por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), los familiares de Cifuentes presenciaron la audiencia, marcando una jornada donde el dolor y la búsqueda de justicia volvieron a ser protagonistas en los tribunales locales.