Desde este viernes 20 de febrero, los cirujanos de Chubut suspendieron todas las cirugías programadas y la atención en consultorios externos en hospitales públicos de la provincia. ¿Qué queda en pie? Solo urgencias y emergencias. La medida fue anunciada por la Asociación de Cirujanos del Chubut tras denunciar que no hubo respuestas oficiales luego de un plazo de diez días acordado con autoridades sanitarias.
Traducción simple: si tu operación no es urgente, queda en pausa.
Cirujanos de Chubut: qué se suspende y desde cuándo
La decisión comenzó a regir este viernes y afecta a hospitales públicos de toda la provincia.
El comunicado oficial confirma que se procederá, “de forma coordinada y conjunta”, a la suspensión total de las cirugías programadas y también de la atención en consultorios externos.
Solo se garantizarán urgencias y emergencias “en resguardo de la seguridad sanitaria de la población”.
Nada más. La nota fue dirigida a la Secretaría de Salud del Chubut y a su titular, Denise Acosta.
Diez días de plazo y sin respuestas
Según detallaron los profesionales, la medida se tomó luego de que se cumpliera un plazo de diez días que había sido acordado en una reunión previa con el subsecretario de Gestión Institucional, Dr. Sebastián Restuccia.
Ese plazo tenía un objetivo concreto: recibir respuestas y soluciones formales a los reclamos planteados. Pero, según sostienen en el documento, no hubo definiciones, propuestas formales ni comunicación institucional dentro del tiempo previsto.
Para los cirujanos, eso constituye un incumplimiento del compromiso asumido. Y ahí se cortó el hilo.
“Extrema precariedad operativa”
En el comunicado, los cirujanos advierten que el sistema quirúrgico provincial atraviesa una situación de “extrema precariedad operativa”.
Afirman que durante años sostuvieron el funcionamiento del sistema público con sobrecarga laboral, recursos limitados y condiciones cada vez más adversas.
“No es admisible que la respuesta del Estado sea el silencio”, expresaron.
Además, dejaron asentado que la responsabilidad institucional por la interrupción de las prestaciones programadas recae en la conducción sanitaria provincial, a la que atribuyen inacción frente a un conflicto que —según remarcan— fue advertido con claridad y anticipación.