Un caso que mezcla tragedia, segundas oportunidades y varios “plot twists” judiciales terminó con una condena firme en Trelew. El joven que mató a Mateo Moreira en 2022, cuando tenía 17 años, deberá cumplir una pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva.
La decisión fue comunicada por el juez Fabio Monti, luego de una audiencia donde se evaluó si correspondía aplicar una pena tras el período de medidas socioeducativas. El pedido había sido impulsado por el fiscal Aldo Nizetich.
El hecho se registró el 1° de mayo de 2022, pasada la medianoche, en el barrio Constitución. En una escena que parece salida de una peli pero con final trágico, el imputado llegó armado para encontrarse con Mateo Moreira. La víctima intentó escapar, pero recibió al menos dos disparos. Uno de ellos le atravesó la espalda y el tórax. Murió en el lugar.
La causa fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
📚 Del “te damos una oportunidad” al “hasta acá llegaste”
Como el agresor era menor al momento del hecho, la Justicia primero aplicó medidas socioeducativas. En 2023, la jueza Ivana González dictó sentencia bajo ese esquema.
En teoría, el camino era claro: escuela, acompañamiento profesional y cumplir reglas. En la práctica… no tanto. Hubo faltazos reiterados, problemas en el COSE y hasta terminó en la Comisaría Primera. En 2024 le habían dado arresto domiciliario con tobillera, pero tampoco fue un “modo fácil” de cumplir.
El fiscal fue claro: había varios incumplimientos y, si eso pasaba, la pena podía llegar a más de 10 años.
📉 La pena: mínima, pero efectiva
A pesar del combo de problemas, también se valoraron algunos avances del joven: sin antecedentes previos y con ciertos indicios de mejora en su conducta.
Por eso, el juez optó por el mínimo de la escala: 5 años y 4 meses de prisión efectiva.
Pero ojo, porque hay un dato clave: por el tiempo que ya lleva detenido, podría estar en condiciones de pedir la libertad condicional en el corto plazo. Es decir, no es un “game over”, pero sí un fuerte llamado de atención con supervisión estatal incluida.
Fuente: MPF