La causa por la balacera en el Juzgado del barrio Roca volvió a pasar por tribunales este miércoles con una audiencia clave: la revisión de las medidas de coerción contra los diez imputados por el ataque armado ocurrido el 14 de octubre de 2025.
Para resumirlo rápido: nadie zafó de las medidas que ya tenía encima.
La jueza penal Raquel Tassello resolvió mantener las distintas restricciones impuestas a los acusados, ya sea prisión preventiva, arresto domiciliario o presentaciones periódicas ante la Justicia. Todo seguirá igual hasta que avance el plazo de investigación, que vence el 14 de abril de este año.
En el expediente aparecen diez nombres: José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo, Juan Ezequiel Hernández y Vanesa Carolina Ulloa.
Balacera en el Juzgado: quiénes siguen con presentaciones
Entre los imputados hay tres que continúan con medidas sustitutivas, es decir, no están detenidos pero deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
Se trata de:
Enrique Leonardo Casas
Luis Esteban González
Fernando Miguel Cerezo
Durante la audiencia, la fiscal general Andrea Rubio fue bastante directa: dijo que no existen motivos para modificar su situación. En criollo judicial, si no hay novedades, todo sigue igual.
El defensor público Alejandro Varas, que representa a estos tres imputados, tampoco puso objeciones. Con ese escenario, la jueza Tassello decidió mantener la medida hasta el final del plazo de investigación.
Así que, por ahora, seguirán con el mismo esquema de control judicial.
Arresto domiciliario para dos imputadas
La historia cambia para Brenda Cristina Rua y Vanesa Carolina Ulloa, quienes cumplen arresto domiciliario.
La fiscal Rubio sostuvo que Rua fue partícipe necesaria en el ataque, ya que habría sido quien dio la señal para que comenzaran los disparos desde la camioneta en la que se movilizaban los agresores.
Además, la imputada se encuentra embarazada, por lo que los jueces le otorgaron el beneficio del arresto domiciliario conforme a lo previsto en el Código Penal.
Por su parte, la fiscal también señaló que Ulloa habría organizado y planificado el ataque, motivo por el cual se la considera partícipe del hecho. Su arresto domiciliario fue concedido anteriormente por cuestiones de salud.
Los abogados defensores intentaron modificar estas medidas.
El defensor de Ulloa pidió que se le otorgue la libertad con presentaciones periódicas, como otros imputados.
El defensor de Rua argumentó que su clienta no disparó ni participó directamente del ataque, por lo que solicitó una morigeración de su arresto domiciliario.
Pero la jueza no compró ese planteo.
Según resolvió, siguen vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, por lo que ambas imputadas continuarán con arresto domiciliario y prohibición de contacto con los demás acusados.
La medida se mantendrá hasta el 14 de abril, cuando vence el plazo actual de investigación.
Prisión preventiva para los acusados del ataque
La situación más pesada recae sobre cinco imputados que continuarán detenidos con prisión preventiva.
Se trata de:
Juan Ezequiel Hernández
José Luis Alancay
Miguel Ángel Arca Rojas
Facundo Daniel Reyna
Luciano David Soto
Según la fiscal Rubio, Arca Rojas y Reyna son considerados autores materiales de la tentativa de homicidio vinculada al ataque armado.
En tanto:
Hernández y Alancay fueron señalados como partícipes necesarios del hecho.
Soto fue considerado partícipe secundario, ya que habría portado un arma pero sin efectuar disparos.
Las defensas intentaron mover las fichas.
La abogada de Hernández pidió que se reemplace la preventiva por arresto domiciliario.
La defensa de Alancay sostuvo que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento y solicitó su libertad o domiciliaria.
El defensor de Soto también pidió cambiar la preventiva por arresto domiciliario.
En el caso de Reyna y Arca Rojas, su defensa explicó que aún faltan informes sociales, lo que impidió plantear formalmente un pedido de morigeración.
Pero la respuesta judicial fue contundente.
La jueza Tassello señaló que la situación procesal de los imputados no cambió, por lo que resolvió mantener la prisión preventiva para los cinco acusados.