Gastón Olivera y Marcelo Saravia alertaron que cerca de 16 docentes de la modalidad domiciliaria hospitalaria quedarían cesantes en diciembre. Señalaron que la medida afecta gravemente la continuidad pedagógica de estudiantes con padecimientos de salud y denunciaron un “fraude laboral”.
Docentes de la modalidad domiciliaria hospitalaria expresaron una fuerte preocupación por la aplicación de la disposición 225, que prevé una nueva etapa de recortes y despidos en el sector educativo. Gastón Olivera, docente, y Marcelo Saravia advirtieron que la medida pone en riesgo tanto la continuidad pedagógica de los estudiantes como los derechos laborales de los profesores.
Olivera señaló que el cese de docentes a partir de diciembre afecta directamente la trayectoria educativa de los chicos. “En este momento, el cese de los docentes lo que hace es vulnerar esa trayectoria. Ya no se puede garantizar que los chicos sigan teniendo su atención pedagógica si los profesores quedan cesantes a partir de diciembre”, expresó. Además, remarcó que no se reconoce el trabajo realizado durante todo el año ni el derecho a percibir las vacaciones, que definió como “merecidas y trabajadas”.
En ese sentido, cuestionó que no se contemple que el ciclo lectivo se extiende más allá de diciembre. “No reconocer que el ciclo anual termina con la instancia compensatoria de febrero es una tomada de pelo y una falta de respeto tremenda”, afirmó, y sostuvo que la disposición atenta contra la educación “por el lado de las familias, de los profesores y de la institución entera”.
Por su parte, Marcelo Saravia brindó precisiones sobre el alcance de la medida y advirtió que se trata de la segunda etapa de aplicación de la disposición 225. “Es un verdadero ataque a la modalidad domiciliaria hospitalaria”, sostuvo, y recordó que en una primera etapa, implementada en mayo, la modalidad quedó sin docentes de música, artes y educación física, lo que generó una sobrecarga de trabajo en el personal restante.
Según detalló Saravia, ahora el Ministerio ya informó a los equipos directivos que, de un total de 22 docentes, se pretende despedir a 16, lo que genera una situación de extrema gravedad. “Estamos denunciando que esto es un verdadero fraude laboral. Hemos trabajado todo el año y tenemos derecho a gozar de nuestra licencia anual remunerada”, expresó.
El docente advirtió que, de concretarse la medida, los trabajadores quedarán sin empleo, sin cobrar vacaciones y sin posibilidad de tomar nuevas horas, ya que el cese se produciría en pleno receso. “Pedimos que no se aplique esta disposición”, reclamó.
Ambos coincidieron en que los principales damnificados serán los estudiantes, cuya matrícula en la modalidad domiciliaria hospitalaria creció entre un 200 y un 300% en los últimos años. “Muchos chicos tienen padecimientos psíquicos, no cuentan con el alta médica y deben ser atendidos incluso en febrero. Si no están los docentes, no habrá quién los acompañe pedagógicamente”, advirtieron.
Desde el sector insistieron en la suspensión inmediata de los ceses y en la derogación de la disposición 225, al considerar que implica un retroceso en el derecho a la educación de estudiantes en situación de vulnerabilidad y un grave perjuicio para los docentes que sostienen la modalidad.