El conflicto que desató el caso Red Chamber–Profand dejó de ser un asunto interno de la pesca chubutense. La presunta solicitud de una coima por US$ 6,5 millones, revelada en una demanda presentada en Estados Unidos, puso el tema en la agenda nacional al mismo tiempo que la actividad pesquera en la provincia se paralizó y los gremios reclaman certezas.
Mientras en Comodoro la atención se reparte entre reclamos del sector y señales contradictorias del Gobierno, las decisiones oficiales generan más dudas que respuestas. En pocas semanas se otorgaron permisos “exprés”, se entregó la planta de Alpesca a Profand y luego —sin explicación documental clara— se le devolvió a Red Chamber. Un ida y vuelta administrativo que profundizó la falta de previsibilidad.
A esto se suma un hecho inédito: el Superior Tribunal de Justicia de Chubut homologó un acuerdo entre el Estado y Red Chamber para formalizar el retorno de la empresa a la planta. Un movimiento jurídico sin antecedentes locales para un conflicto que, en esencia, es administrativo y contractual.
En paralelo, los grandes medios provinciales mantienen un silencio llamativo. En redacciones y pasillos se repite lo mismo: la dependencia de la pauta oficial condiciona el nivel de cobertura. El resultado es una ecuación conocida: menos preguntas, más blindaje político.
Para disipar dudas, el gobernador Ignacio Torres tiene un camino claro: publicar los expedientes completos, con informes, dictámenes, fundamentos y firmas; explicar cómo se justificaron los permisos precarios y qué ocurrió con las “irregularidades” que él mismo había señalado contra Red Chamber hace apenas semanas. La pesca está frenada, la polémica escala y el silencio oficial solo agranda el escándalo.