La jueza penal Daniela Arcuri, con 22 años de trayectoria judicial y 13 como magistrada en Comodoro Rivadavia, habló de su sorpresivo desplazamiento como jueza de ejecución penal. En diálogo con una radio local, explicó que su mandato en la función de ejecución penal vencía el 30 de noviembre de 2025, sin embargo, fue apartada antes de tiempo.
Según relató, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, pidió una “rotación” sólo para la circunscripción Comodoro y, con ese pedido, el juez coordinador, doctor Shanguela, dispuso su reemplazo por el juez Odorisio desde el 1° de noviembre.
“No me apartaron del cargo de jueza penal, me apartaron de la función de ejecución. Mi mandato legal vencía el 30 de noviembre de 2025. Adelantar esa decisión, a pedido del Ejecutivo, rompe el equilibrio de poderes y afecta la garantía de independencia judicial”, manifestó.
“La independencia judicial es una garantía para la ciudadanía”
Y a continuación, la magistrada recordó que la independencia de los jueces no es un beneficio personal, sino una protección para cualquier habitante: “La independencia judicial es la tranquilidad de cualquier persona de que el juez o la jueza que le toque resolver no va a estar presionado por nadie y va a decidir conforme a la ley. Si se permite que se discipline a un juez por sus resoluciones, se está resquebrajando el estado de derecho”.
La acusaron de “exceso jurisdiccional”: Arcuri lo niega
La acordada que habilitó su desplazamiento sostiene que tomó decisiones que excedían la competencia de la ejecución penal y que impartió órdenes al Ejecutivo en materia operativa y presupuestaria. Arcuri lo rechazó categóricamente:
“Resolví exactamente dentro de mi competencia. Un juez de ejecución controla la ejecución de la pena, es garante de derechos en contextos de encierro. Mis decisiones fueron en materia de alimentación, infraestructura, hacinamiento y sobrepoblación. Si el Estado estaba en desacuerdo, tenía todas las herramientas procesales para impugnar, pero la mayoría de esas resoluciones no fueron recurridas”.
Además citó la opinión consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La Corte deja claro que no se pueden invocar problemas presupuestarios para mantener cárceles en condiciones inhumanas. Además, las provincias pueden generar responsabilidad internacional para el Estado argentino si no corrigen estas situaciones”.
Emergencia carcelaria eterna y condiciones inhumanas
La magistrada en otro orden de temas, planteó que en la provincia de Chubut rige emergencia carcelaria desde 2018, sin embargo, no han habido soluciones reales hasta el momento. Y enumeró las situaciones que detectó en sus inspecciones en Comodoro:
25 detenidos intoxicados por comida en febrero de 2025 (uno requirió cirugía y arresto domiciliario).
Alimentación tercerizada: denuncias de comida cruda o en mal estado.
Celdas sin inodoros, incluso para personas con movilidad reducida.
Colchones rotos, sin tratamiento ignífugo.
Filtraciones, falta de luz y plagas:
“La alcaidía policial está rodeada de vehículos secuestrados, lo que genera muchísimos roedores. También hay cucarachas y otras plagas”.
También señaló un problema estructural: “Hoy la ciudad no cuenta con un espacio de detención específico para mujeres, lo cual agrava la vulneración de derechos básicos”.
“No hay sistema penitenciario en regla ni tratamiento penitenciario como establece la ley 24.660. La custodia y administración de las personas condenadas recae sobre la policía, que no fue concebida para esa función”.
Por eso ordenó, entre otras medidas, que los condenados fueran trasladados a alcaidías y no quedaran alojados en comisarías, decisiones que —afirmó— el Ejecutivo no impugnó en tiempo y forma.
El Consejo de la Magistratura detectó interferencia del Ejecutivo
Arcuri destacó el pronunciamiento reciente del Consejo de la Magistratura, que pidió reglas claras: “El Consejo puso blanco sobre negro. Advirtió la interferencia y pidió que se reglamente de manera clara para que esto no se repita”.
Sin embargo, recordó que sigue apartada desde el 6 de noviembre, pese a que legalmente debía continuar hasta el 30: “Me negué a correrme al principio porque consideraba que era una omisión funcional irme antes, pero con la decisión de Presidencia ya no me quedó otra”.
La jueza cerró con un mensaje firme: “Mi compromiso es con la Constitución, los tratados de derechos humanos y con las personas, estén afuera o privadas de libertad. Si los derechos no son para todos, no son para nadie”.