El caso del homicidio de Lautaro Labbe, el adolescente asesinado por un policía, sigue sumando capítulos. Este martes se realizó la audiencia de impugnación de sentencia, y todo quedó en suspenso hasta el 11 de noviembre, cuando la Cámara dirá si confirma los 22 años de prisión para el exuniformado Simón Cruz o si le dan el “beneficio” de una rebaja.
El defensor de Cruz, Guillermo Iglesias, tiró todo el arsenal jurídico posible: pidió que le bajen la pena al mínimo (10 años y 8 meses), diciendo que su cliente fue “víctima del sistema”, que tenía poca formación (culpa de la pandemia, claro) y que los 22 años son casi perpetua. Como si la víctima pudiera opinar.
“Disculpas tardías” y argumentos que no convencen a nadie
El fiscal Julio Puentes no se guardó nada: pidió mantener la condena de 22 años, marcando que Cruz sabía perfectamente lo que hacía y que su arrepentimiento llegó un año tarde. Según la investigación, disparó por la espalda a Lautaro —un pibe desarmado— y después, junto a sus compañeros, alteró la escena: cortaron la capucha del buzo y escondieron la vaina del arma reglamentaria.
Si fuera una serie policial, se llamaría “CSI: Comodoro”, pero sin el glamour de Miami y con mucho más viento.
Puentes también fue claro: la imagen de la Policía quedó por el piso. “Están para prevenir delitos, no para cometerlos”, dijo. Y cuesta no coincidir: los que juraron proteger terminaron disparando a un adolescente y mintiendo para cubrirse.
La querella: “Sin arrepentimiento real”
Del otro lado, la querella acompañó al fiscal y pidió ratificar todo el fallo original. Recordaron que un jurado popular ya había dado su veredicto: un policía le disparó por la espalda a corta distancia a un chico que no representaba peligro alguno.
También remarcaron que Cruz declaró cuatro veces, cambiando su versión como quien actualiza estado de WhatsApp. “Eso tiene que pesar en la condena”, señalaron. Y sí, porque si algo sobra en esta historia es falta de coherencia y empatía.
Una herida que sigue abierta
El crimen de Lautaro Labbe dejó una marca profunda en Comodoro. No solo por la pérdida de una vida joven, sino porque volvió a poner en debate el uso de la fuerza policial y la impunidad institucional. Mientras la defensa pide clemencia, la familia de Lautaro espera justicia real, no palabras vacías ni excusas.