La audiencia se concretó luego de que la defensa atacara la resolución dictada por el juez Caviglia. La abogada particular, Julia Elena Bruno, participó por videoconferencia y solicitó una morigeración de la medida de coerción.
El pedido fue concreto: arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Según la defensa, en la resolución anterior no se ponderaron elementos presentados, como el testimonio de dos civiles que aseguraron haber contratado a Ovalle para trabajos de albañilería en km. 5 el día del hecho.
También cuestionó la probabilidad de autoría. Argumentó que el registro fílmico no muestra el rostro del acusado y que la rueda de reconocimiento es impugnable.
En esa línea, sostuvo que la decisión del juez se basó únicamente en los argumentos de la fiscalía y que no se consideraron debidamente los planteos defensivos.
La fiscalía sostuvo los riesgos procesales
En la vereda opuesta, el funcionario de fiscalía Alan Larrue defendió la resolución original.
Recordó que el hecho investigado ocurrió el 3 de abril de 2025 y que el 5 de abril se realizó la audiencia de apertura de investigación, instancia en la que se dictó la prisión preventiva de Ovalle. Medida que continúa vigente hasta hoy.
Para la fiscalía, persisten tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento del proceso.
El acusado enfrenta una imputación por robo agravado por el uso de arma de fuego. Según expuso el representante fiscal, la evidencia de cargo es “cuantiosa y de alta calidad”.
Además, indicó que se realizó una rueda de reconocimiento de persona con resultado positivo.
Gravedad del hecho y pena en expectativa
Otro punto central del planteo fiscal fue la gravedad del hecho.
Se mencionó que la pena en expectativa, en caso de recaer condena, supera los siete años de prisión. También se señaló que el imputado habría disparado dos veces contra la humanidad de la víctima, un policía retirado, en la vía pública.
El fiscal hizo referencia, además, a los antecedentes penales de Ovalle y a su comportamiento durante el proceso judicial.
Con esos argumentos, se opuso al arresto domiciliario y solicitó que se confirme la resolución del juez natural.
Prisión preventiva confirmada hasta la preliminar
Finalmente, el tribunal revisor, integrado por las juezas Daniela Arcuri y Lilian Borquez, resolvió confirmar la resolución anterior.
La decisión fue mantener la prisión preventiva del imputado por dos meses más o hasta la audiencia preliminar, tal como lo solicitó la fiscalía.
La fundamentación se apoyó en la probabilidad de autoría y en la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento.
De esta manera, la Justicia rechazó el pedido de morigeración de la defensa y dejó firme la medida de coerción.
El proceso continuará su curso hacia la audiencia preliminar, mientras el imputado seguirá detenido.
La discusión jurídica quedó saldada —por ahora— con una resolución clara: la prisión preventiva sigue vigente. Y el expediente avanza.